Este encuentro se llevó a cabo en el marco de la presentación oficial de la “Guía para la implementación de ajustes razonables”, un documento técnico diseñado para orientar a las instituciones sobre cómo eliminar las barreras que impiden el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones.
El panel de diálogo contó con la participación de destacadas figuras en la defensa de los derechos humanos, incluyendo a Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la CEDH de San Luis Potosí, y Maricela Dimas Reveles, presidenta de la CDH de Zacatecas. Junto a la representación de Baja California, las panelistas abordaron temas cruciales como el diagnóstico de barreras físicas y comunicacionales, la transición hacia un modelo social de la discapacidad y la urgencia de capacitación permanente para las personas servidoras públicas frente a la rotación de personal.
Durante su intervención, Melba Adriana Olvera Rodríguez, subsecretaría de Derechos Humanos de Baja California, enfatizó que el reto más grande no siempre es la infraestructura física, sino las barreras actitudinales. Además, subrayó la importancia de “operacionalizar” los derechos humanos para que no queden en el discurso, citando como ejemplo de buena práctica el Modelo Único de Atención Ciudadana implementado en la entidad, el cual ya integra herramientas como videollamadas con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) para atender a la ciudadanía en tiempo real y sin exclusiones.
Asimismo, la funcionaria estatal destacó que estos avances responden a una política transversal impulsada desde la Secretaría General de Gobierno, donde el titular, Alfredo Álvarez Cárdenas, ha sido pieza clave para fomentar la implementación rigurosa de programas con perspectiva de derechos humanos, instruyendo a todas las áreas a adoptar medidas que prevengan la violencia institucional y aseguren un trato digno para todas las personas.
El conversatorio concluyó con un llamado enérgico a transformar las instituciones desde adentro. Se coincidió en que la adopción de ajustes razonables no debe verse como privilegios, sino como obligaciones técnicas necesarias para dejar de depender de la “buena voluntad” del funcionario y pasar a una garantía real de justicia cotidiana.
El Gobierno de Baja California reitera el compromiso de la gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, de mantener al estado a la vanguardia en materia de derechos humanos, trabajando de la mano con organismos nacionales como CONAPRED para asegurar una atención accesible, sin discriminación y con trato digno para todas las personas.
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