Cero Grados.- La Dirección Jurídica, de Responsabilidades y Situación Patrimonial recibió del 1ro al 31 de Mayo los acuses de presentación de la Declaración de Situación de Modificación Patrimonial a través del Sistema DeclaranetBC a un total de 8 mil 838 servidores públicos del Gobierno de Baja California, cumpliendo con ello el 99.18% del padrón de obligados.
El Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Francisco E. Postlethwaite Duhagón, externó que para este ejercicio el universo de obligados acreditados fue de 8 mil 911, de los cuales el 0.82% no presentaron su declaración, esto es, 73 servidores públicos faltaron a su obligación por lo que serán sujetos de sanción de acuerdo a lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.
Para los casos de incumplimiento, señaló, la Ley establece un apartado de sanciones administrativas específicas a aplicarse por conducto de la Dirección Jurídica, de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esta Secretaría, misma que podrá aplicar: Amonestación pública o privada; Suspensión del empleo, cargo o comisión de uno a treinta días naturales; o Destitución del empleo, cargo comisión.
El año pasado la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental inició 50 expedientes a servidores públicos por no presentar su declaración anual, mismos que fueron sancionados con amonestaciones, de acuerdo a lo que señala la Ley de Responsabilidades.
Postlethwaite Duhagón, explicó que en esta ocasión no hubo prórroga y se mantuvieron abiertas las oficinas hasta las 24 horas del jueves 31 de mayo, momento en el que la plataforma de declaración se bloquea de manera automática, como lo señala la Ley de Responsabilidades.
“La presentación en tiempo y forma de su declaración fortalece la transparencia y rendición de cuentas en la administración estatal, muestra el compromiso del servidor público y lo previene de ser sujeto a cualquier tipo de sanción” puntualizó.
El titular del Órgano Estatal de Control agradeció a todos los servidores públicos su compromiso y disposición institucional para cumplir con lo que mandata la Ley de Responsabilidades Administrativas. “Reiteramos nuestro respeto irrestricto al marco legal que regula la actuación de los Servidores Públicos en el desempeño de su responsabilidad”, finalizó.
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