La Legisladora ensenadense explicó que uno de los principales
cuestionamientos de los ciudadanos hacia los servidores públicos, es el uso y
destino de los recursos económicos que les toca administrar y aplicar. Y pese a
que la lucha permanente de los ciudadanos ha cristalizado medianamente sus
resultados en la transparencia, en la rendición de cuentas y en la fiscalización
del gasto público, advirtió que “falta mucho todavía para garantizar el gasto
eficiente y eficaz de los recursos públicos”.
Agatón Muñiz argumentó que la demanda creciente de servicios, la
ineficiencia en la recaudación de contribuciones, una nómina gubernamental
abultada y la crisis económica generalizada, ha dado paso a las medidas o políticas
de austeridad, cuyo principio es: gastar lo indispensable y aprovechar al
máximo los recursos disponibles.
“Estas medidas de austeridad se han visto reflejadas parcialmente en los
presupuestos de egresos que han presentado en los ejercicios fiscales
recientes, las diferentes entidades, poderes y organismos públicos, al
incrementar su gasto corriente prácticamente en la misma proporción de la inflación
que se registra en el año”, afirmó.
Bajo estos motivos, la Diputada Claudia Agatón propuso esta iniciativa
con la intención de establecer en cuerpo de ley, la obligación de que las
dependencias estatales y municipales, los poderes judicial y legislativo, así
como los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, así como
los organismos autónomos, se obliguen a no incrementar los gastos corrientes
por encima de la inflación, a menos que: se plantee incrementar los servicios
que brindan o las metas de sus programas en un porcentaje superior al de la
inflación proyectada en el año que transcurra; o bien, se amplíen las
instalaciones en que prestan sus servicios.
“Los rubros que propongo en materia de gasto corriente son: publicidad en
televisión, radio y prensa; servicios de radiocomunicación y telefonía fija y
móvil; fotocopiado; papelería; artículos de limpieza; remodelación y
acondicionamiento de oficinas; combustibles y mantenimiento de vehículos;
viáticos, hospedaje y alimentos; vestuario, uniformes y alimentación de
personal; pago de honorarios y la nómina de trabajadores de confianza”,
detalló.
“Como se puede observar, el ahorro o austeridad en los gastos anteriores
depende en gran medida de la racionalidad con que el servidor público dispone
de ellos. Y el limitar su incremento en el presupuesto de egresos, nos obligará
a todos por igual a asumir nuestra responsabilidad de cuidar el gasto público.
La anterior medida no tiene por qué limitar la prestación de los servicios
públicos de manera eficiente y eficaz, ni tiene por qué poner en riesgo la operatividad
de las diversas instancias de gobierno”, agregó.
Finalmente, la Diputada Claudia Agatón aclaró que la presente iniciativa
toca un punto sensible de cualquier administración pública y un reclamo
generalizado de la sociedad bajacaliforniana y que es, el que no se incremente la
nomina de trabajadores de confianza y tampoco, el pago de honorarios por
servicios profesionales o asesorías.
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