En la reciente sesión ordinaria, registrada el pasado 4 de septiembre, el
Legislador integrante del Partido Verde Ecologista de México, expuso ante la
asamblea una serie de factores que advierten una clara degradación al ambiente,
por lo que destacó la necesidad de que se creen políticas públicas de
desarrollo sustentable que eviten el impacto negativo al medio ambiente.
El parlamentario mexicalense reveló que de acuerdo al INEGI, Baja
California es actualmente el tercer Estado con superficie sin vegetación;
asimismo, es el segundo Estado con menor reforestación. También, de acuerdo con las principales
estaciones de monitoreo de la calidad del aire y contaminantes, Mexicali y
Tijuana muestran altos niveles de agentes contaminantes en el ambiente.
Según la Estadística de Concentración Promedio Anual de Emisiones
Contaminantes por Principales Zonas Urbanas, agregó, Mexicali registra un
porcentaje de monóxido de carbono de 0.72 y Tijuana de 0.56, mientras que en
partículas suspendidas Mexicali cuenta con el primer lugar con un porcentaje de
133.7 anual, en amplia diferencia con el segundo lugar, que es la ciudad de
Monterrey, que reporta un 80.70%.
“Estos datos obligan a que los responsables de impulsar el desarrollo
económico y sustentable dimensionen los retos en materia de servicios como son
la salud, educación, agua, energía, alimentación, vivienda, trabajo y se
delineen estrategias inmediatas para revertir estas tendencias que conducen al
consumo total de los recursos naturales del planeta”, afirmó.
Navarro Gutiérrez explicó que en el ámbito estatal la Constitución
Política de Baja California establece en su artículo 11 que la forma de
gobierno del Estado es republicana, representativa y popular, y que entre otras
facultades le corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo
estatal, garantizando que éste sea integral y sustentable, asegurando de manera
simultánea el crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad ambiental.
“Existen instrumentos en nuestro marco legal que todavía no se han
aplicado, como es el caso de los fondos ambientales, los cuales se encuentran
regulados en la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja
California”, indicó.
“Los fondos ambientales existen, sin embargo no funcionan, ya que no hay
claridad en el monto exacto de recursos fiscales que debe contener dicho fondo,
tampoco existen mecanismos para la administración de dichos fondos. En
síntesis, no existen reglas de operación y funcionamiento que permitan la
protección al ambiente con estos fondos. Por ello, es impostergable pasar de la
realidad legal a la realidad presupuestal. El medio ambiente se está
deteriorando y requerimos de manera urgente revertir esta tendencia”, sostuvo.
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