POLITYKRONOS

*Aztiazarán tiene una “oportunidad de oro”

*Se acabó la botarga policiaca y su seudología fantástica

Por Hugo Isaac Rea Torres

IMPUTADO.- Terminó la pesadilla: Carlos Bustamante Anchondo por fin se fue; se fue dejando una estela de corrupción que debe ser castigada con las leyes vigentes y que establecen como grave el delito de peculado que debe pagar con una pena, que no alcanza fianza, de ocho a 14 años de prisión, de acuerdo al artículo 298 del Código Penal del estado y le es perfectamente aplicable al hoy ex alcalde porque afectó de manera importante el patrimonio de Tijuana… 

A través de los  últimos años hemos sido testigos de funcionarios públicos que han incurrido en el delito de peculado, ilícito que lesiona las finanzas públicas que, en lugar de ejercerse con honestidad y transparencia, pasan a manos de oportunistas que acceden al poder para saquear sin escrúpulos el dinero del pueblo sin que reciban el castigo que merecen…

 Los servidores públicos son en quienes recae la responsabilidad de administrar y aplicar con honestidad, transparencia y austeridad los recursos del pueblo, ya que en un concepto más general el peculado se define como el hurto de dinero y propiedades del erario, lo que hace imprescindible el castigo a Carlitos Bustamante para que los funcionarios públicos sepan que las leyes penales los castigarán con severidad si cometen actos similares como el cometido por el mencionado, para lo cual la disposición legal en la materia observa: “Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa…

 “El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero…” Ante esto, el nuevo gobierno municipal está obligado jurídica y moralmente a solicitar la acción de la justicia en contra del ex alcalde y sus ex colaboradores que tengan responsabilidad en el mencionado delito cometido u omitido en el caso de la Síndica, Yolanda Enríquez de la Fuente, tal como lo estipula la Constitución del Estado en el artículo 92 en su fracción III que reza: “Se aplicarán las sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones“… 

Podrá preguntarse más de uno el ¿por qué no se procedió del mismo modo en contra de Jorge Ramos Hernández, también ex alcalde que cometió igual o más delitos?, pero la única que tiene la respuesta es precisamente Yolanda Enríquez… 

Habrá también dentro del nuevo gobierno municipal quienes se cuestionarán ¿por qué han de ser ellos quienes inicien el procedimiento en contra del imputado? Sencillamente porque a ellos les corresponderá atender los reclamos sociales con unas paupérrimas finanzas y, además, podrán y deberán solicitar la intervención del Congreso del Estado para que impida que cualquiera que estuvo junto a Carlos Bustamante, pueda seguir viviendo de los recursos públicos en cualquier instancia de gobierno, lo cual al ex presidente municipal lo ti  sin cuidado, pues con lo que se echó al bolsillo le servirá para continuar con su vida de conquistador…

 SEUDO.-La pseudología fantástica que caracterizó al que fue identificado como la botarga policíaca, también conocido como Jesús Alberto Capella Ibarra que, por fortuna se fue junto con la administración de Carlos Bustamante, le dio por decir que la tranquilidad de Tijuana “se logró durante los tres años que estuvo al frente de la policía municipal”, lo cual muestra su mitomanía que lo ubica en el concepto psiquiátrico de mentiroso compulsivo al ser la realidad que sólo estuvo como tal a partir del 5 de octubre del 2011, es decir, 786 días durante los cuales mintió, porque luego de su toma de  protesta dijo que respetaría la legalidad y los derechos humanos y eso solamente indica una imitación, parecido engañoso o falsedad, de quien se ostentó como policía sin serlo… Una más solo para remachar en definitiva con ese nefasto, dijo un día antes de irse que “con sus acciones” habrá cerca de mil homicidios menos, cerca de 200 secuestros menos, 40% menos en robos, 50% menos en robos de vehículos y 80% menos en robos bancarios, y aún así se atrevió a afirmar que “no negoció con la delincuencia”…

 ¡Hasta nunca!… Hasta aquí la dejamos, no sin antes recomendarles que NO SE ENREDEN ¡Y PUNTO! Agradeciendo a todos la lectura de estos puntos de vista y a los colegas su publicación en diversos medios impresos y digitales, así como su sintonía los sábados en el canal 123 del sistema Cablemás y en el 1030 de am “La Tremenda” de 6 a 8 de la mañana.