Rosarito Informa.-El Poder Legislativo, a través de las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública, que presiden los diputados Juan Manuel Molina García, Gustavo Sánchez Vásquez y Alcibíades García Lizardi, respectivamente, realizó un foro de consulta en esta ciudad con el objetivo de escuchar propuestas de organismos civiles y las experiencias de personas que han sido víctimas de un delito, las cuales servirán para crear la Ley Estatal de Víctimas de Baja California.
Durante el foro se contó con la presencia del Comisionado de la Comisión Nacional Ejecutiva de Atención a Víctimas, Carlos Ríos Espinoza, quien expuso una conferencia donde dio a conocer las acciones administrativas y jurídicas que deberán realizar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de los Ayuntamientos y las dependencias de los distintos niveles de gobierno, para armonizar sus procedimientos con lo establecido en la Ley General de Víctimas (LGV), aprobada por el Congreso de la Unión.
Ríos Espinosa, quien actualmente es asesor de entidades federativas para la implementación de la LGV, enfatizó que todos los entes gubernamentales que coadyuvan en la procuración de justicia, deberán respetar los principios centrales y sustantivos de dicha Ley, mismos que plantean –dijo– la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas aquellas personas y sus familias que han sufrido un delito.
Al hacer uso de la voz, el diputado García Lizardi afirmó que el foro tenía el propósito de permitir a juristas, académicos, especialistas y ciudadanos exponer sus planteamientos, experiencias y propuestas en materia de protección a las víctimas en el Estado, con la finalidad de estar en condiciones –comentó– de incorporarlos en la redacción de una propuesta de Ley que permita, a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, tener acceso a la mayor protección de los derechos de la víctima.
Por su parte, el legislador Gustavo Sánchez subrayó que la ley de víctimas debe propiciar el respeto y el reconocimiento absoluto a la dignidad de las personas, garantizar las condiciones para asegurar el bien común, así como permitir que se alcance un marco jurídico justo donde los que han sufrido un delito, tengan acceso a servicios de atención jurídica, médica, psicológica y económica que les permitan restablecer su vida en la sociedad.
El diputado Molina García exhortó a la Procuraduría General de Justicia, dependencia que recibe las denuncias ciudadanas, para que cumpla con sus obligaciones de procurar justicia, y pidió a los funcionarios que “si sienten que no tienen las capacidades, que renuncien”. Asimismo, solicitó que el ofendido tenga derecho a apelar y a ofrecer pruebas durante los procesos penales, convirtiéndose así en parte material y no en meros espectadores durante las investigaciones y juicios.
Al evento asistieron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, María Esther Rentería Ibarra; el subsecretario de Gobierno para Asuntos Legislativos, Raúl Castañeda Pomposo; la directora de Atención a Víctimas de la PGJE, Flor López Guerrero; los diputados José Alberto Martínez Carrillo y Rosa Isela Peralta Casillas, así como regidores del Ayuntamiento de Tijuana, representantes de organismos civiles y ciudadanos interesados en el tema.
Cabe mencionar que durante el foro, los diputados José Alberto Martínez y Rosa Isela Peralta entregaron sus respectivas propuestas de Ley Estatal de Víctimas del Estado.
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