Rosarito Informa.-En reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLyPC) de la XXI Legislatura local, que preside el diputado Roberto Dávalos Flores, se aprobaron por unanimidad dos dictámenes que contenían minutas enviadas por el Congreso de la Unión: una en materia de justicia para adolescentes, y otra relativa a la desaparición forzada de personas.
La primera de esas minutas propone reformar los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso C) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política Federal, lo cual tiene el objetivo de crear un sistema integral de justicia para adolescentes que regirá a la federación y a las entidades de México.
Con ello se busca garantizar, entre otras cosas, los derechos humanos que reconoce la Constitución general a toda persona, así como aquellos prerrogativas específicas que, por su condición de personas en desarrollo, les han sido reconocidas a los adolescentes en diversos tratados internacionales.
De esta forma los menores de 12 años, a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social; mientras que el internamiento se utilizará solamente como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y se aplicará únicamente a los adolescentes mayores de 14 años, ante la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.
La segunda minuta discutida y aprobada por la CGLyPC plantea la modificación al inciso A) de la fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna nacional, mediante la que al Congreso de la Unión se le confieren facultades para expedir leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de secuestro, desaparición forzada de personas y otras formas de privación ilegal de la libertad, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes..
Durante los trabajos de este órgano legislativo se pospuso para realizar un mayor análisis, la votación de tres dictámenes: uno que contenía la iniciativa que venía en conjunto la “Ley general de transparencia en la publicidad institucional para Baja California” y la “Ley general de comunicación social institucional para el Estado”, presentadas por el C. Jaime Delgado Gaxiola y el diputado Francisco Barraza, respectivamente.
Asimismo, se planteó dilatar la votación de una reforma a la “Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado”, presentada por el legislador José Alberto Martínez Carrillo y la creación de la “Ley de desarrollo social de Baja California”, cuya inicialista es la diputada Rosa Isela Peralta Casillas.
En el punto de asuntos generales, el presidente de esta Comisión, asambleísta Roberto Dávalos, dio a conocer que el Ayuntamiento de Playas de Rosarito había presentado una controversia constitucional en lo relativo al conflicto de límites territoriales entre este municipio y el de Ensenada.
Estuvieron presentes en la reunión de la CGLyPC los legisladores Roberto Dávalos Flores, presidente; Olimpo Hernández Bojórquez, secretario; y los vocales René Mendivil Acosta, Felipe de Jesús Mayoral Mayoral, Cuauhtémoc Cardona Benavides y Miriam Ayón Castro.
Además se contó con la presencia de los diputados Francisco Barraza Chiquete y Rosa Isela Peralta Casillas, así como de representantes del Poder Ejecutivo y de algunos medios de comunicación.
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