Por.-
Alfredo Calva
Tránsito
y Transportes, corrupción galopante….
Tal
parece que al igual que en la Dirección de Inspección y Verificación, el
Secretario de General de Gobierno, Raúl Luévano, tendrá que meter la mano para
poner orden ahora en Transito y Transportes, en donde la corrupción no se ha
detenido con el cambio de administración, contraviniendo las indicaciones del
alcalde Juan Manuel Gastélum al titular del área, Javier Salas.
El
responsable de la dependencia que regula todo lo relacionado con el transporte publico,
de carga y pasajeros, desde su arribo se ha ido por la vía libre, sin rendir
cuentas o seguir las instrucciones de no permitir los actos de corrupción que
en la anterior administración eran harto conocidos, y sin dar resultados hasta
el momento, en las tareas que le asignaron el primer edil y su superior
inmediato, Raúl Luevano, de poner orden en el transporte público.
Estos
dos personajes de inmediato enteraron al nuevo director de las sustanciales
ganancias que genera la corrupción en validad, y obviamente acordaron la continuación
de estas practicas que les da jugosas cantidades de dinero, el famoso Zopy es
un especialista en la comercialización, compra y venta, de permisos y anuencias
de placas de taxis, libres y de ruta, y brinda bajo pago de cuota, protección a
taxis piratas, “amparados”, o con papelería falsa.
Lo
recaudado por el director Salas y sus asociados se encuentra integrado por
diversos rubros que se manejan en la dependencia, transporte de carga, en el
que entran desde los tráileres, los que transportan materiales, repartidores,
etc, en este rubro consiguen mensualmente alrededor de 200 mil pesos, luego se
agrega el concepto por revisión mecánica, en el que existen dos afeas de recaudación
extraoficial, los que están en el interior de la dependencia, generalmente seis
elementos, que cobran a los taxis de ruta y libres 400 pesos por darles el
visto bueno, y cada uno de ellos revisa generalmente de 15 a 20 unidades por día,
por cinco días a la semana, lo que en promedio suma de 40 a 50 mil pesos por
semana, al mes otros 200 mil pesos.
Por
lo que se refiere a la protección a los taxis de ruta y libres, el padrón que se
maneja de acuerdo a lo informado por los cercanos a la dirección, es de
aproximadamente 800 unidades, las cuales pagan en promedio 2500 pesos por
semana, así que la suma por mes es de casi ocho millones de pesos, dinero nada
despreciable y sustancial que permite a quienes se lo están distribuyendo,
engordar sus cuentas personales.
Si
es verdad lo expresado por el presidente municipal y su Secretario de Gobierno,
de no permitir actos de corrupción, pues entonces a Raúl Luévano le espera una
difícil tarea en la Dirección que regula el transporte público, porque
elementos como Edgar Ramírez, son basíficados y eso implica una posible
confrontación con el sindicato de burócratas, pero la asepsia debe de hacerse
sin importar quien o quienes sean los implicados, obviamente el personal
operativo está inmerso, ya que para guardar las apariencias el Ramírez les pide
a cada agente ocho multas para que ingresen a cajas y no despertar las
sospechas de la Secretaria de Gobierno, o del propio alcalde.
Si
en verdad desean realizar una administración transparente, es urgente que se
ponga orden en la Dirección de Transito y Transportes.
Veremos
que harán el responsable superior y el propio alcalde.
Y
mientras tanto….
En
la Sindicatura Municipal del VII Ayuntamiento de Rosarito, iniciarán la
investigación sobre la caja recaudadora que extraoficialmente operaba con el
consentimiento del entonces alcalde, Silvano Abarca Macklis, la empresa que
tiene la concesión de arrastre de vehículos, para saber cuanto fue el dinero que
se cobró y nunca ingresó a las arcas municipales.
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