Cero Grados.- En reunión de trabajo de
la Comisión de Justicia (CJ), que
la Comisión de Justicia (CJ), que
preside la diputada Victoria Bentley
Duarte (PAN), fue aprobada de manera
unánime la adición de los artículos 307
quinquies y 307 sexties al Código Penal
del Estado, con lo cual se incorpora una
nueva figura delictiva relacionada con el
proceder indebido del servidor público
que, por razón de sus atribuciones,
obtiene beneficios personales o para
terceras personas con las que tiene
“Siendo congruentes con el amplio estudio y análisis realizado por el Congreso de la Unión en materia de delitos cometidos por servidores públicos, es que consideramos necesario someter a valoración la aprobación de aquellas conductas cometidas por servidores públicos o particulares, que resultan más apremiantes y que guardan relación con el ejercicio de atribuciones y facultades en el desempeño de la labor de servidores públicos y del manejo, uso y administración de los bienes y recursos públicos”, argumentó en su exposición de motivos la inicialista, legisladora Bentley Duarte.
Mediante esta iniciativa aprobada por la CJ se crea el capítulo XV denominado “Uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público”, que establece castigo al funcionario cuando indebidamente otorgue concesiones, permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico, así como franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la administración pública Estatal.
Asimismo, cuando ilícitamente otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos o contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos.
Por otro lado, dispone que se sancionará al servidor público que niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones arriba mencionadas, cuando se cumplan con todos los requisitos establecidos en la normatividad aplicable para su otorgamiento, o aquel funcionario que siendo responsable del cumplimiento de los términos de una concesión o permiso, no lo verifique.
Por último, con esta iniciativa se establece castigar a los particulares que, teniendo el carácter de contratista, permisionario, asignatario, titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio del Estado, falsifique u oculte información; o bien, no la provea cuando así corresponda, respecto a los rendimientos o beneficios que obtenga de la explotación de bienes públicos.
Durante la reunión de este órgano de trabajo de la XXII Legislatura local, realizada en la sala “Francisco Dueñas Montes” del edificio del Poder legislativo, estuvieron presentes sus diputados integrantes Victoria Bentley Duarte, presidenta; Raúl Castañeda Pomposo, quien fungió como secretario, y los vocales Andrés de la Rosa Anaya, Job Montoya Gaxiola y Víctor Manuel Morán Hernández.
Mediante esta iniciativa aprobada por la CJ se crea el capítulo XV denominado “Uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público”, que establece castigo al funcionario cuando indebidamente otorgue concesiones, permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico, así como franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la administración pública Estatal.
Asimismo, cuando ilícitamente otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos o contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos.
Por otro lado, dispone que se sancionará al servidor público que niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones arriba mencionadas, cuando se cumplan con todos los requisitos establecidos en la normatividad aplicable para su otorgamiento, o aquel funcionario que siendo responsable del cumplimiento de los términos de una concesión o permiso, no lo verifique.
Por último, con esta iniciativa se establece castigar a los particulares que, teniendo el carácter de contratista, permisionario, asignatario, titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio del Estado, falsifique u oculte información; o bien, no la provea cuando así corresponda, respecto a los rendimientos o beneficios que obtenga de la explotación de bienes públicos.
Durante la reunión de este órgano de trabajo de la XXII Legislatura local, realizada en la sala “Francisco Dueñas Montes” del edificio del Poder legislativo, estuvieron presentes sus diputados integrantes Victoria Bentley Duarte, presidenta; Raúl Castañeda Pomposo, quien fungió como secretario, y los vocales Andrés de la Rosa Anaya, Job Montoya Gaxiola y Víctor Manuel Morán Hernández.
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