Cero Grados. – A fin de dignificar la labor de los agentes policiacos, así como garantizar su tranquilidad y la de sus seres queridos, el diputado tijuanense Marco Antonio Corona Bolaños Cacho presentó una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado, para materializar la seguridad social para los policías, sus familiares y dependientes económicos.
El mecanismo que plantea el asambleísta tricolor es la coparticipación de recursos de los ayuntamientos y en su caso del gobierno estatal, con recursos federales; esto, sin perjuicio de que las autoridades locales puedan establecer, dentro de sus respectivos ámbitos de competencias, medidas adicionales para la implementación y fortalecimiento de ese derecho.
Corona recordó que, el 10 de noviembre de 2017, se publicó el decreto 125 en el Periódico Oficial del Estado, mediante el cual se reforma el artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Baja California, merced a una iniciativa de su autoría, con el fin de reconocer explícita y ampliamente el derecho humano a la seguridad social para los familiares y dependientes de los miembros de las instituciones policiales.
Con tal enmienda, los miembros de las instituciones policiales, así como sus familiares y dependientes, ahora deben gozar, cuando menos, de la afiliación a un sistema de seguridad social; el otorgamiento gratuito de prótesis cuando, en el cumplimiento de su deber, se sufra la pérdida de alguna extremidad, así como de tratamiento psicológico o psiquiátrico cuando así se requiera, seguro de vida o pago póstumo por muerte en cumplimiento del servicio y apoyo para gastos funerarios.
De igual forma, tienen derecho a créditos para obtener vivienda, licencias con remuneración por accidentes y enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales y maternidad; pensión por jubilación, retiro, invalidez y muerte; así mismo, a que, en caso de fallecimiento del elemento de la institución policial, se asegure a sus descendientes el acceso a la educación básica, media superior y superior.
El parlamentario expresó que tanto el gobierno estatal como los municipales, deben “establecer las medidas que sean necesarias para garantizar el acceso a la seguridad social”, para lo cual, incluso, deben sumar esfuerzos para hacer de este derecho humano una realidad.
Corona apuntó que lo anterior se logrará en mejor medida si se aprovechan aquellos instrumentos que buscan proporcionar recursos para la homologación salarial del personal policial y el mejoramiento de sus condiciones laborales, como es el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Y agregó que, en 2018, hay 220 millones 029 mil 097 pesos del citado fondo, destinados a Baja California.
“Conforme a los lineamientos del referido programa en 2018, del monto total que se les asigne a los municipios, se deberá aplicar cuando menos el 10% para el programa denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, cuyos recursos pueden ser utilizados para otorgar a los agentes un seguro de gastos médicos mayores y potencializar otro de vida, así como becas para él y sus familiares, o construir un fondo destinado al apoyo económico a viudas de personal operativo fallecido en cumplimiento de su deber, para la remodelación, construcción y adquisición de vivienda, o a fin de ser usado en la compra de útiles y uniformes escolares”, puntualizó.
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