El próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López
Obrador tiene como ejes fundamentales de la política laboral: la formación
profesional y capacitación para el trabajo; aumento del salario mínimo;
facilitar negociación colectiva; recuperar la inspección de trabajo; plataforma
digital para el empleo; certificación de trabajo justo; inserción digna de los
migrantes mexicanos, y programa de certificación de competencias y habilidades
para el trabajo.
Plasmados en el Proyecto 18, los 8 ejes están encaminados a
recuperar las condiciones de trabajo, con un salario sea digno y transparencia en
la contratación colectiva y la libertad sindical.
Respecto al salario mínimo, dado el diagnóstico según el
cual después de 35 años los trabajadores han perdido un 75 por ciento del el
poder adquisitivo y el 67 por ciento de la población ocupada percibe menos de 3
salarios mínimos, el nuevo gobierno pretende transitar hacia un proceso de
recuperación del salario mínimo de manera paulatina.
Superar la línea del bienestar mínimo
En su proyecto, el Movimiento por la Regeneración Nacional
explica que el incremento “sería en una primera etapa, superar la línea de
bienestar mínimo establecido por el CONEVAL, con el fin de que este proceso sea
compatible con la nueva política económica”.
Así, la propuesta consiste en un impulso al salario mínimo
mediante un incremento anual del 15.6 por ciento más inflación, para llegar al
fin de sexenio a la cifra de 171 pesos diarios más la inflación que se haya
generado en el periodo.
Los planes también incluyen un aumento del salario mínimo
profesional y se elaborará un listado de profesiones considerando el mercado de
trabajo y a los jornaleros agrícolas. Todo ello servirá de base para que,
mediante el impulso de una negociación colectiva auténtica, se mejoren el resto
de los salarios.
Tomando como base la reforma constitucional que realizó el
presidente Enrique Peña Nieto, en febrero de 2017, el próximo gobierno buscará
crear una nueva instancia que promueva y fortalezca la negociación colectiva.
Eliminar contratos de protección
Esta medida se fundamenta en en el hecho de que en el país
sólo 10 por ciento de los trabajadores cuenten con un sindicato y de estos se
calcula que el 90 por ciento están sujetos a contratos de protección, que se
firman sin el consentimiento de los trabajadores. Esta situación ha llevado a que se deterioren
los salarios y condiciones de trabajo.
“Por muchos años se ha denunciado la existencia de los
contratos de protección. Organismos como la OIT han pedido a nuestro país que
informa qué se ha hecho para reducir esta actividad, que incluso llegó a las
negociaciones como el TLC, es momento de que se revisen”, afirmó a Factor
Capital Humano Alfonso Bouzas, abogado laboral de la UNAM.
Por este motivo, el nuevo gobierno pretenderá realizar
aumentar las inspecciones de trabajo. Esto que permitirá realizar diagnósticos,
cuyo fin, es corregir y recuperar las mejores condiciones laborales.
En este sentido, el próximo gobierno pretende aumentar el
número de inspectores, porque según el diagnóstico de Morena, parte del
problema es que se incumplen las normales laborales existentes, lo que ha
permitido que avance la subcontratación ilegal o el subregistro de los
trabajadores en el Seguro Social y la ausencia en el pago de utilidades.
Asimismo, la Organización Internacional de Trabajo ha
señalado que nuestro país tiene un numero muy bajo de inspectores, frente a su
población trabajadora. Para ello se integrarán 500 inspectores y llegar asi a
1,500 para que al final del sexenio se cumpla con el incremento del 50 por
ciento del número actual que recomienda la OIT.
Certificación de empresas por dar trabajo justo
Como parte de la política laboral, el nuevo gobierno
pretende incluir el concepto de “trabajo justo” y por ello, se creará la
“Certificación de Trabajo Justo”, que será un reconocimiento a empresas que
otorguen salarios justos, según criterios “previamente determinados por un
grupo de expertos, académicos y miembros de la sociedad civil, entendiendo por
salarios los inscritos en el IMSS”.
La certificación se hará pública para que se conozcan a las
empresas que otorguen salarios justos y cumplan con los derechos laborales, y
“promoverá la vigilancia ciudadana y será considerada para las licitaciones
públicas”.
Por otra parte, Ricardo Martínez Rojas, abogado laboral del
despacho De la Vega & Martínez, comentó que “si bien hay temas pendientes,
es importante que se avance con las leyes secundarias sobre la reforma a la
justicia laboral, en gran medida ahí se tocan temas de interés que van a
corregir parte de las preocupaciones que hay en materia laboral en el país”.
Fuente: eleconomista.com.mx
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