Expediente Político

Por.- Alfredo Calva

¿Silvano, daño por nueve millones?....

En la ultima sesión de cabildo del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, llevada a cabo el pasado jueves trece de éste mes patrio, salió a relucir el nombre de quién ha sido uno de los alcaldes nocivos para esa demarcación, Silvano Abarca Macklis, quien durante su gestión como alcalde en el VI Ayuntamiento, se comprometió con los representantes de los trabajadores sindicalizados del gobierno municipal, a cubrir el costo de las pólizas de los seguros de vida de los integrantes de ese organismo que guardan el estatus de jubilados, compromiso que incumplió y que hoy representa para la presente administración un quebranto de nueve millones de pesos.

El ex alcalde como ha sido costumbre en sus gestiones en la función pública, prometió y acordó con los sindicalizados, a cambio de su lealtad a las propuestas políticas de su partido el PAN, cubrir el monto de los seguros de vida de quienes ya estaban pensionados, sin embargo, jamás cumplió con lo prometido y pactado y durante este tiempo se registró el fallecimiento de cuatro empleados ya pensionados cuyas familias no recibieron el pago correspondiente al seguro de vida, por no haber sido cubiertas las pólizas respectivas.

Los engañados consideran que la omisión de Abarca Macklis dejo en la indefensión a las cuatro familias, y esta irresponsabilidad se trasladó a la presente administración por lo que ahora le exigen al VII Ayuntamiento, cumpla y cubra el dinero que debió de entregar la compañía aseguradora, el cual asciende a casi nueve millones de pesos, obviamente, que de hacerlo la alcaldesa Mirna Rincón Vargas, causará a las arcas municipales una horadación económica.

Es por ello, que en la sesión de cabildo al ser presentado este asunto, en el que se solicitaba la autorización de una partida presupuestal para cubrir el adeudo, éste fue objetado por la mayoría de los ediles presentes al considerarlo un asunto que no recaía en su competencia, toda vez que, el acuerdo en mención solo había sido signado por el ex alcalde Abarca Macklis y nunca solicitó a su cabildo la autorización de la partida municipal correspondiente para el pago de las pólizas, y no estaba firmado por la presidente municipal actual, razón por la que se solicito se desechara y se mandara a revisión y análisis del ejecutivo, lo que finalmente se realizó.

Se debe destacar, que en la sesión se conto con la presencia del dirigente del sindicato de burócratas, Miguel Ibarra, quien llegó acompañado con algunos de los trabajadores ya jubilados y familiares de los fallecidos, quienes con su presencia e intervenciones ante el pleno, en las que dejaron en claro, que si no se aprobaba la partida presupuestal llevarían el asunto a los juzgados, pretendieron intimidar y presionar a los integrantes del cabildo para que con su aprobación, se les pagará el adeudo y de paso, se corrigiera la irregular acción del ex alcalde, Silvano Abarca Macklis, y con ello evitarle posibles consecuencias punitivas.

Sin embargo, no les resultó y el asunto fue descartado y enviado a estudio y análisis, y los ediles que votaron porque así fuera, no lo hicieron por estar en contra del reclamo justo de los trabajadores jubilados, sino por la irresponsabilidad cometida por Silvano Abarca Macklis, quién en aras de su acostumbrado valemadrismo, no sometió a aprobación el acuerdo con los trabajadores a su cabildo, y por ende, no guarda validez para la presente administración, y esto, debe de tener consecuencias administrativas y en su caso, si así se determina, hasta penal.

La decisión tomada en votación por la mayoría del cuerpo edilicio, coloca a la alcaldesa Mirna Rincón Vargas, en una posición políticamente incomoda, ya que, cualquiera que sea su determinación, le representará un costo político, lo que debe de agradecer a la ausencia de conectividad de la lengua con el cerebro, de Silvano Abarca, así como su falta de cumplimiento.  

Rincón Vargas no puede inhibir el derecho de los engañados por Abarca Macklis de exigir el cumplimiento del acuerdo pactado, pero cierto es, que de aceptar y dar validez ella a ese acuerdo plasmando su firma en un documento similar al signado por el ex alcalde, hará un boquete de nueve millones de pesos a las arcas municipales, recursos que le son necesarios para cubrir los servicios públicos a los que esta obligada por ley proveer, y que además tienen derecho y exigen los rosaritenses.  

Pero también cierto es, que si decide no aceptar la demanda de los trabajadores jubilados, no pueden culpar a su gobierno, no está obligado por ley a cubrir el monto de los nueve millones de pesos, lo que se determinaría a través de un juzgado, por lo que, la reflexión política en la que fue inmersa la alcaldesa sobre el particular, debe de estar presente un hecho fundamental, que su administración no tiene los recursos financieros para hacerlo y no está obligada a subsanar la irresponsable acción de su antecesor, quien por cierto, cuando hace referencia a su persona, hace gala del alto grado de misoginia que le tiene.

Análisis y determinación difícil para la alcaldesa Mirna Rincón.

Y mientras tanto….

En el poder judicial de Baja California, se incrementa su fétido aroma de corrupción, con su pretendida pensión vitalicia de retiro.