Cero Grados.-Como parte de las acciones de la Cruzada por la Seguridad,
encabezada por el Gobernador del Estado Francisco Vega de Lamadrid, personal de
la Procuraduría General de Justicia del Estado se reunió con la Asociación de
Egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja
California para exponer las bondades y desafíos del sistema penal, así como
atender inquietudes y peticiones de los agremiados.
El Maestro en Derecho Abraham Cortez Bernal, Coordinador
Ejecutivo de la PGJE subrayó que al hablar de un Sistema Penal no solamente
debemos referirnos a las instituciones encargadas del proceso judicial. Se
trata de un fenómeno social que debe considerar al Poder Legislativo que crea
tipos penales, al Poder Judicial que impone las sentencias; así como al
ejecutivo que investiga y persigue a la criminalidad, previene delitos y
administra los sistemas penitenciarios.
Además, subrayó, existen otras agencias altamente
influyentes y participativas en el Sistema Penal, como son los partidos
políticos, los medios masivos de comunicación, las ONG, y las universidades
como reproductoras de ideas. De todas ellas depende un sistema, y deben
trabajar organizadas y bajo una coordinación minuciosa y permanente para poder
aspirar a un mismo producto final que es la seguridad.
Al ser cuestionado sobre las actividades institucionales,
refirió que se han acatado instrucciones muy puntuales de la Procuradora
General de Justicia, Mtra. Perla del Socorro Ibarra Leyva para coadyuvar en
tareas preventivas y tratamientos especiales para el delito.
En muchos casos específicos resultan más efectivos que las
penas, como por ejemplo los procesos restaurativos, la atención de niñas y
niños en riesgo delictivo y violencia intrafamiliar, las órdenes de protección
o recorridos de vigilancia ordenados a las autoridades municipales, o la
atención psicológica y asesoría legal para las víctimas.
Por su parte la Presidente de la Asociación de Egresados de
la Facultad de Derecho de la U.A.B.C. Lic. Irasema Granados, agradeció la
participación del invitado así como la vinculación institucional ofrecida;
haciendo formalmente a nombre de los agremiados la petición de un curso de
capacitación en temas específicos relacionados con el proceso penal acusatorio
para su comunidad de litigantes.
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