Cero Grados.-Era el año 2016 y la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara estaba en el cenit de su desarrollo. Elena Poniatowska,
presentaba su para entonces último libro, Las Indómitas, cuando mi compañero
Enrique mendoza le hizo una entrevista. Fue inevitable abordar en el encuentro
periodístico, el contexto sociopolítico del sexenio del presidente Enrique Peña
Nieto. En relación a las fosas clandestinas, esos sepulcros subterráneos y
anónimos del narcotráfico, la intelectual reflexionó:
“Ya rascas y hay un muerto; eso es una infamia, es una gran
vergüenza para nuestro país; México es un país de desaparecidos y de fosas
donde está sepultada gente que ahora, ¡te imaginas para saber quiénes son! En
el Distrito Federal, y Tijuana ni se diga, pero ves cantidad de muertos, es una
cosa horrible; ¡ya casi la gente lo está tomando como normal!”.
En 2018, la comisión nacional de los derechos humanos,
estima que en los últimos once años se han descubierto en el país más de mil
300 de las llamadas narco-fosas, donde se habrían recopilado osamentas y
cuerpos de más de tres mil 700 personas.
En México la cifra actualizada de desaparecidos supera los
37 mil individuos. Muchos de ellos están en esas fosas clandestinas que los
narcotraficantes y criminales utilizan para ocultar el cuerpo de su delito. Más
impunidad.
Hace unos días, dos estados registraron hallazgos en ese
sentido. En Guanajuato se localizaron tres narco-fosas con un total, hasta
ahora, de 37 cuerpos enterrados, y en Veracruz un vertedero clandestino de
cadáveres que ocultaba al menos unos 170 cráneos. Ese estado, símbolo de la
corrupción en México, contabiliza ya unas 600 narco fosas con más de mil 170
cuerpos localizados en 85 de los 212 municipios del estado que defraudaron los
Duarte, Javier y su esposa Karime.
A escasos dos meses y días que el presidente Enrique Peña
Nieto deje de serlo, y luego que saturó las redes sociales y los medios tradicionales
con propaganda sobre lo que presume fueron logros en su sexenio, la realidad es
que Peña deja un país lleno de sangre. En una severa crisis de inseguridad y
violencia que alcanzará los más de 150 mil ejecutados durante sus seis años de
mandato.
Peña no pudo ni combatir ni contener a los cárteles de la
droga. Por incapacidad, corrupción, o complicidad, las fuerzas federales de
investigación ministerial, y operativas, no investigaron ni las redes
financieras de los cárteles, ni desmantelaron las estructuras criminales,
permitiendo con tal impunidad, el crecimiento de las organizaciones delictivas
en México.
Ante el crecimiento de los cárteles, sea en estructura o en
territorio, las guerras entre unos y otros por controlar territorios, ampliar
su línea de traficantes, de asesinos o vendedores de droga, suben el tono de la
violencia. De la amenaza de muerte pasan a la ejecución, a la desaparición con
fines fatales, a la extorsión y la desintegración de las familias, hasta llegar
al contexto en el cual México vive hoy. De ejecuciones en lugares públicos como
Garibaldi en la Ciudad de México, de balaceras en sierras y poblados, y de
muchos otros ataques que no son públicos hasta en tanto no se descubran más
narco fosas, o como el desafortunado caso de Guadalajara, Jalisco, cuando
aparecen tráileres llenos de cadáveres que la autoridad no tiene dónde
depositar.
La violencia en México es una bola de nieve que inicia en el
ámbito federal y crece en el estatal. Los asesinados lo son producto del
contexto del narcotráfico y el crimen organizado, cuyos delitos son facultad
investigarlos del gobierno federal, pero que siendo omisos, trasladan la
responsabilidad a los estados.
Que el servicio médico forense de Jalisco, de Tamaulipas, de
Guerrero, de Veracruz, de Baja California, por mencionar algunos, este
colapsado, tiene que ver con el deficiente combate a la inseguridad por parte
del gobierno federal, y la poca asignación de recursos por parte del mismo
orden de gobierno, y de los congresos estatales.
Así es el caso de los dos tráileres que almacenan más de 230
cadáveres en Guadalajara, Jalisco, y que uno de ellos fue enviado a dar
rondines o ser estacionado en puntos fijos ante la falta de infraestructura
para el almacenaje de cuerpos, o la determinación de territorio para fosas
comunes.
Luis Octavio Cordero Bernal, el hasta hace unos días
director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (uno de los mejores del
país, por cierto), durante los últimos dos años estuvo solicitando le ampliaran
el presupuesto para ampliar las instalaciones, además de habilitar un panteón
forense con 700 espacios, pero no recibió respuesta positiva. El incremento en
la inseguridad y la violencia rebasa el compromiso por incrementar los
presupuestos para combatirlas.
A Cordero Bernal, quien antes de ser director del instituto
fue presidente de un colegio de abogados, y un crítico del gobierno, hace unos
meses los criminales le desaparecieron a una hija. Abogada también, no ha
desaparecido. Ya de antes el ex funcionario que la fiscal general sacrificó,
había generado empatía con los grupos de rastreadores (como les llaman ahora)
de desaparecidos. Les ayudaba en la medida de lo posible a la identificación de
cuerpos. Los atendía con los recursos limitados, pues tampoco le aprobaron su
solicitud de más recursos para la contratación de peritos.
A la fecha tan solo en Guadalajara, hay más de 300 cadáveres
sin identificar, y de cuando los cuerpos no reconocidos podían incinerarse
(desde el nuevo sistema de justicia penal ya está prohibido), cuentan con mil
300 bolsas de cenizas no reclamadas.
El caso Guadalajara ejemplifica perfecto lo que sucede en
México. Ninguna autoridad sabe qué hacer con tanto muerto. La violencia del
narcotráfico y el crimen organizado superan a la capacidad de las fuerzas
armadas para contenerla. Ante la incapacidad del gobierno federal para que
impere el Estado de derecho, los cárteles impunes van ganando la batalla,
haciendo del territorio mexicano el cementerio más grande. Donde dos años
después de la reflexión de Elena Poniatowska, todo sigue igual, opero: “ya
rascas y hay un muerto”.
Fuente: http://www.sinembargo.mx
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