Cero Grados.-Un grupo de 55 senadoras y senadores de
oposición informaron sobre una acción de inconstitucionalidad en contra de la
Ley Federal de Remuneraciones –promovida por Morena y Andrés Manuel López
Obrador-, que establece que ningún funcionario, incluyendo a los integrantes
del Poder Judicial, podrá ganar más que el presidente.
La acción, señalaron los senadores del PAN, es “para
salvaguardar la división de poderes, proteger el pacto federal y a la soberanía
estatal”.
La acción de inconstitucionalidad, apuntó el PRI, cumple con
el requisito de ser respaldada por el 33
% de las y los legisladores, por lo que es procedente.
“No será nunca con actitudes autoritarias ni con decisiones
de mayoriteo la forma en que podrá lograrse el desarrollo profesional y
personal de las y los trabajadores quienes, con sus familias, aspiran a mejores
estadíos de bienestar”, concluyó el Revolucionario Institucional.
El PRD, Movimiento Ciudadano y el senador independiente
Emilio Álvarez Icaza también respaldaron la acción de inconstitucionalidad.
“La Ley de remuneraciones tiene un apartado que atenta
contra la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sistema
de impartición de justicia“, dijo el dirigente de Movimiento Ciudadano,
Clemente Castañeda.
“Apoyamos que se reduzcan salarios y privilegios de los
altos funcionarios: presidente, senadores, diputados y órganos autónomos. Esa
parte de la ley queda a salvo. Estamos de acuerdo. A lo que nos oponemos es al
intento del presidente, y su mayoría legislativa, de someter y controlar, a
través de la definición de salarios, la Suprema Corte. No lo podemos permitir:
México necesita que los responsables de la impartición de justicia tengan
autonomía plena”, agregó.
En días previos, se informó que la Suprema Corte también
recibió una acción de inconstucionalidad contra la Ley Federal de
Remuneraciones, de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los
servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional
mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no
desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas
indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio
de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su
aplicación”, consideró la Comisión.
Fuente: https://www.animalpolitico.com
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