domingo, 7 de abril de 2019

La Dip. Eva María propuso reformar tres leyes con el propósito de simplificar la entrega de menores en condición de abandono a centros de atención


Cero Grados.-La diputada Eva María Vásquez Hernández presento una iniciativa que comprende la reforma al Código Penal, Civil y la Ley de Salud, con el propósito de adecuar la denominada “Ley Ana María”, que permite a las madres entregar a sus hijos a las instituciones públicas sin ser juzgadas por alguna autoridad.



La iniciativa, que fue entregada a través de la Oficialía de Partes, comprende reformar el artículo 158 bis del Código Penal, el 22 de la Ley de Salud Pública y el 441 del Código Civil.

Esta propuesta tiene por objeto que las instituciones públicas de Salud y albergues del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, sean los espacios públicos para recibir en forma segura a los menores de hasta seis meses de edad.

La “Ley Ana María”, aprobada en la Vigésima Legislatura, consistió en reformas del Código Penal, Código Civil y de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, y en la justificación de esta ley, se afirmó que el 28 por ciento de mujeres jóvenes entre 18 y 19 años que vive en municipalidades fronterizas, ha dado a luz a un bebé, comparado con 22 por ciento a nivel nacional.

Eva María comentó que, en su momento, “también se dijo que el abandono infantil es considerado por defensores de los derechos humanos como contrapuesto a la dignidad humana, entendiendo a ésta como cualidad constitutiva de la persona, que la singulariza y concretiza en un ser único no sustituible, adhiriendo un conjunto de valores que hacen merecer a la persona ante sí misma y los demás”.

Más adelante señaló que, dentro de los objetivos centrales que motivaron dicha ley, se estableció que la iniciativa, considera como interés superior al menor, pretendía evitar en gran medida que, en Baja California, los padres biológicos lleguen a cometer actos delictivos como quitarle la vida a un infante o dejarlo en sitios poco seguros y, en cambio, propuso que el Estado ofrezca una nueva alternativa de vida y la oportunidad de integrarse a una familia.

Sin embargo, aseguró, esta ley no ha contado con una implementación debida y una sensibilización adecuada, pues adolecen de impedimentos jurídico legislativos que imposibilitan su cabal cumplimiento, por lo que puso a consideración de la asamblea las reformas propuestas.

Estas precisan la preservación del derecho a la identidad del menor y el anonimato de la madre o del padre, se brinda seguridad jurídica en el proceso de devolución del menor y se establece un término de ocho semanas para solicitar la devolución del menor, además de que la sola puesta a disposición de una institución pública o privada, advierte que se renuncia a asumir los deberes que legalmente derivan de la relación paterno filial, entre otras cosas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis.

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