Cero Grados.-La diputada Eva María Vásquez Hernández presento una
iniciativa que comprende la reforma al Código Penal, Civil y la Ley de Salud,
con el propósito de adecuar la denominada “Ley Ana María”, que permite a las
madres entregar a sus hijos a las instituciones públicas sin ser juzgadas por
alguna autoridad.
La iniciativa, que fue entregada a través de la Oficialía de
Partes, comprende reformar el artículo 158 bis del Código Penal, el 22 de la
Ley de Salud Pública y el 441 del Código Civil.
Esta propuesta tiene por objeto que las instituciones
públicas de Salud y albergues del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia, sean los espacios públicos para recibir en forma segura a los
menores de hasta seis meses de edad.
La “Ley Ana María”, aprobada en la Vigésima Legislatura,
consistió en reformas del Código Penal, Código Civil y de la Ley de Salud
Pública para el Estado de Baja California, y en la justificación de esta ley,
se afirmó que el 28 por ciento de mujeres jóvenes entre 18 y 19 años que vive
en municipalidades fronterizas, ha dado a luz a un bebé, comparado con 22 por
ciento a nivel nacional.
Eva María comentó que, en su momento, “también se dijo que
el abandono infantil es considerado por defensores de los derechos humanos como
contrapuesto a la dignidad humana, entendiendo a ésta como cualidad
constitutiva de la persona, que la singulariza y concretiza en un ser único no
sustituible, adhiriendo un conjunto de valores que hacen merecer a la persona
ante sí misma y los demás”.
Más adelante señaló que, dentro de los objetivos centrales
que motivaron dicha ley, se estableció que la iniciativa, considera como
interés superior al menor, pretendía evitar en gran medida que, en Baja
California, los padres biológicos lleguen a cometer actos delictivos como
quitarle la vida a un infante o dejarlo en sitios poco seguros y, en cambio,
propuso que el Estado ofrezca una nueva alternativa de vida y la oportunidad de
integrarse a una familia.
Sin embargo, aseguró, esta ley no ha contado con una
implementación debida y una sensibilización adecuada, pues adolecen de
impedimentos jurídico legislativos que imposibilitan su cabal cumplimiento, por
lo que puso a consideración de la asamblea las reformas propuestas.
Estas precisan la preservación del derecho a la identidad
del menor y el anonimato de la madre o del padre, se brinda seguridad jurídica
en el proceso de devolución del menor y se establece un término de ocho semanas
para solicitar la devolución del menor, además de que la sola puesta a
disposición de una institución pública o privada, advierte que se renuncia a
asumir los deberes que legalmente derivan de la relación paterno filial, entre
otras cosas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su
análisis.
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