Cero Grados.-El diputado Job Montoya Gaxiola propuso reformar el artículo
9 de la Ley de Acceso de Las Mujeres a Una Vida Libre De Violencia, a fin de
ampliar los supuestos considerados como violencia laboral en contra de las
féminas.
La iniciativa fue presentada en tribuna durante la reciente
sesión ordinaria de la XXII Legislatura, la cual fue presidida por el diputado
Benjamín Gómez Macías, donde se propuso reformar y adicionar el citado
artículo, que se refiere a las causales consideradas como violencia en contra
de las mujeres.
El objetivo es aumentar los siguientes supuestos a lo ya
establecido en la norma jurídica:
Artículo 9. Se considera violencia laboral la negativa
ilegal de contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones
generales de trabajo, a la descalificación del trabajo realizado, las amenazas,
la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de
discriminación por condición de género;“N no reconocer el desempeño del trabajo
en el hogar o del trabajo de asistencia personal y acompañamiento a los
miembros de la familia o de cuidado de personas dependientes, como niños,
ancianos, discapacitados o enfermos”
Además se agrega:; “la negativa de reconocer la doble
jornada de trabajo y la jornada nocturna; obligar a las mujeres durante el
embarazo a realizar trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen
un peligro para su salud en relación con la gestación; impedir a las mujeres
las condiciones para llevar a cabo el periodo de lactancia; impedir el acceso
de las mujeres a las posibilidades de desarrollo personal, y limitar
injustificadamente su tiempo para actividades personales y de recreación.”.
Al respecto, el inicialista dijo en tribuna que México está
en vías de aprobar formal y oficialmente el Convenio 189 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece que sus Estados miembros se
comprometen a adoptar medidas para asegurar la protección y promoción de los
Derechos Humanos de todos los trabajadores domésticos, de conformidad con las
disposiciones planteadas en dicho convenio, entre las cuales se encuentran:
asegurar que gocen de condiciones de trabajo equitativas y decentes; respeto a
su privacidad, y protección contra cualquier acto de acoso, violencia o abuso.
Montoya Gaxiola dijo que mediante este convenio internacional,
se reconoce la contribución significativa de los trabajadores domésticos a la
economía mundial, que incluye el aumento de las posibilidades de empleo
remunerado para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades
familiares, y que da un aporte sustancial a las transferencias de ingreso en
cada país.
Además, considera que el trabajo doméstico sigue siendo
infravalorado e invisible y que lo realizan principalmente las mujeres y las
niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades
desfavorecidas, y que son particularmente vulnerables a la discriminación y la
violencia con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a
otros abusos de los derechos humanos.
El legislador precisó que en Baja California, de acuerdo con
datos de la Concanaco-Servytur 2018, hay casi 41 mil trabajadoras domésticas,
que representan el 6% de la población ocupada en la informalidad.
Añadió que este es un Estado que, si bien, por su densidad
poblacional y por sus condiciones socioeconómicas, no se ubica dentro de los
Estados con alto número de trabajadoras domésticas detectadas, lo cierto es que
existe una tendencia a su incremento, además de que hay voces que han
denunciado abusos y violencia en contra de las mujeres que se dedican a tareas
del hogar o al cuidado de personas en las casas.
La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de
Justicia de la Vigésima Segunda Legislatura, para su análisis jurídico.
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