Cero Grados.-El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la proposición presentada por el diputado Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, mediante la cual, se exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que se hagan las devoluciones de impuestos correspondientes a los contribuyentes con domicilio fiscal en Baja California, que cuenten con saldo a favor, conforme a lo estipulado en los diferentes ordenamientos jurídicos en materia fiscal.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, señaló que la autoridad responsable ha incumplido con lo establecido en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, así como lo estipulado en los artículos 22 y 32-A del Código Fiscal de la Federación; ya que ha tardado en realizar las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los contribuyentes de Baja California.
Dijo que no se ha respetado el término de 40 días para los contribuyentes y 25 días hábiles para los contribuyentes que dictaminen sus estados financieros por un contador público registrado. Asimismo, ha incumplido con devolver el pago de lo indebido, por concepto de IVA, excediendo el termino mencionado, y que han realizado los contribuyentes con fundamento en los artículos 2, fracción II de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, así como lo estableció en el Código Fiscal de la Federación, recalcó.
El retardo de la devolución de impuestos es un problema constante que afecta a la productividad y al capital humano de las empresas; siendo las micro y pequeñas empresas las más afectadas, debido a que para estas compañías el capital de trabajo lo es todo, sino cobra no tiene dinero para pagar su materia prima, para pagar sus salarios, para cumplir con sus contribuciones, mucho menos para invertir, subrayó.
“Mucho de su dinero está invertido en las cuentas por cobrar y si una de las grandes cuentas por cobrar es con el SAT, lo menos que podríamos hacer en apoyo a estas empresas, es solicitar que se les devuelva en tiempo y forma el saldo a favor como lo marca la ley, enfatizó.
Esto no es favorable para el desarrollo económico del Estado pues las empresas al no tener flujo de efectivo por la demora de la entrega de los saldos a favor del IVA, pueden ocasionar una recesión ya que el empresariado no va querer invertir, concluyó.
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