demanda de juicio político contra 4 funcionarios de la pasada administración estatal, por el hecho de “haber violentado flagrantemente los derechos de las víctimas en el Estado de Baja California”.
Los servidores públicos demandados son: Francisco Rueda Gómez, ex secretario General de Gobierno; Perla del Socorro Ibarra Leyva, ex procuradora General de Justicia del Estado; Bladimiro Hernández Díaz, ex titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas y Loreto Quintero Quintero, ex oficial mayor del Gobierno del Estado.
Molina García agregó que, inclusive, el Senado de la República envió sendos exhortos a la anterior Legislatura y a la administración que acaba de concluir, con el objetivo de que ajustarán el sistema legal del Estado a la Ley General de Víctimas expedida por el Congreso de la Unión, lo cual no se atendió, sino por el contrario, “se prestaron a procesos de simulación”, afirmó.
Subrayó que dicho proceso de simulación consistió en que, la Legislatura local pasada, creó una ley en ese rubro donde se establecieron transitorios que debieron acatarse dentro de plazos perentorios, y los cuales contenían diversas obligaciones; entre ellas, nombrar a un comisionado ejecutivo de atención a víctimas; la creación de un fondo para resarcirlas económicamente, así como de un centro de atención integral a víctimas, lo cual no cumplió el gobierno estatal.
Como ejemplo de la no atención a las víctimas en la Entidad, dio a conocer que en el año 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al anterior Gobierno del Estado, basada en una denuncia puesta por jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, donde se le ordena enlistar a las personas que habían sido víctimas de diversos delitos por parte de autoridades, resarcirles el daño y atender los temas laborales de esa zona de Ensenada. Aunado a ello, la recomendación también iba en el sentido de que se expidiera la Ley de Atención a Víctimas.
Una vez concluida la rueda de prensa el diputado Juan Manuel Molina, del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, se dirigió a la oficina de Oficialía de Partes del Poder Legislativo para presentar la denuncia referida, la cual deberá ser analizada y dictaminada, señaló, en el seno de la Comisión de Reforma del Estado y Jurisdiccional, y votada por el Pleno de la Vigésima Tercera Legislatura.
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