Cero Grados.-La intención del Gobierno del Estado de elevar la sobretasa del 0.63% al 1.20%, -casi el doble de la actual- sobre el 1.80% del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (Impuesto sobre nómina), es lesiva no solamente para los patrones, sino que inhibe la economía, señaló Alejandro Jara Soria.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación de Ensenada, criticó la medida que busca incrementar alrededor de 700 millones de pesos la recaudación de impuestos al estado para el próximo año 2020, pero pondría en riesgo no solamente la generación de nuevos empleos, sino parte de los que ya están contratados.
De aprobarse la iniciativa los patrones tendrían que pagar un 3% en global, que parece poco, pero no lo es ya que se suma al 5% de incremento al salario mínimo que acaba de decretar el Gobierno Federal para el próximo año, lo que sumaría una carga salarial del 8%, subrayó el dirigente.
El presidente de Canacintra recordó que en enero de 2019, el sector patronal del Estado de Baja California tuvo que enfrentar un incremento al salario que en 2018 era de 88.36 a 176.72 pesos, en cumplimiento a un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, situación que puso en apuro a muchas empresas que sufrieron un desequilibrio en sus costos y sus finanzas.
Elevar al 3% el Impuesto Sobre la Nómina como se pretende, va en contra de las posibilidades de crecimiento que reclama el estado y puede tener un efecto contraproducente al que busca el gobierno de Baja California, apuntó.
Pagar un 5% de incremento al salario y un 3% adicional a la nómina provocará que muchas empresas tengan que reducir su plantilla laboral e inhibirá la contratación de nuevos empleados, advirtió el dirigente, situación que provocará un incremento en el índice de desempleo y alentará la economía informal.
A lo anterior se suman el incremento al predial, agua, energía eléctrica, combustibles y demás insumos necesarios para la operación de la industria y los negocios, subrayó.
Alejandro Jara Soria solicitó al gobernador y a los diputados locales que reconsideren la medida, situación que por lo menos restaría la posibilidad de una carga extra para el sector empresarial que enfrenta una enorme presión económica y fiscal motivadas por la tardanza en la devolución del Impuesto al Valor Agregado y la nueva miscelánea.
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