Cero Grados.-La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) exhortó al Congreso del
Estado a reconocer los derechos de la población LGBTI, eliminando en la próxima sesión plenaria los impedimentos para la realización de los matrimonios igualitarios.
El ombudsperson de Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo, expuso que los matrimonios igualitarios ya fueron aprobados por legisladoras y legisladores locales en comisiones parlamentarias, por lo que sólo falta la última parte del proceso para consolidar un triunfo histórico en el reconocimiento de los derechos de todas las personas.
El presidente del Organismo Público Autónomo puntualizó que tanto las normas de carácter nacional, los Tratados Internacionales y la Jurisprudencia emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconocen que la institución del matrimonio puede componerse por parejas del mismo sexo, protegiendo así los derechos humanos de todas las personas.
De igual manera, reiteró la postura de la CEDHBC respecto a que los derechos humanos no pueden ni deben someterse a consulta.
Mora Marrufo subrayó la importancia de que todas las autoridades cumplan con la obligación de proteger, respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas en igualdad de condiciones, y derivado de que el acceso al matrimonio no puede ni debe estar condicionado por una orientación sexual, no deben existir impedimentos para los matrimonios igualitarios, es decir, los compuestos por parejas del mismo sexo, por estar ajustados al corpus iuris nacional e internacional y con ello se garanticen los derechos humanos a la igualdad, no discriminación, trato digno, seguridad jurídica, así como el derecho a constituir una familia.
Cabe recordar que, en diciembre de 2019, la CEDHBC exhortó a los Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, Rosarito y Tecate para no condicionar la realización de matrimonios igualitarios, a la vez que reconoció al de Tijuana por la realización de matrimonios igualitarios sin necesidad de un amparo o intervención del Organismo Público Autónomo de Derechos Humanos.
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