Con el documento avalado se determina que los integrantes de la XXIV Legislatura aportarán una parte proporcional para sufragar el costo de ambas consultas y se nombre al IEEBC, INPI, DIF como Órgano Técnico dentro de la consulta.
En el uso de la voz la legisladora Murillo López dijo que con fecha 29 de enero del 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso demanda de acción de inconstitucionalidad, en contra del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo de Baja California.
En esta se argumenta que debe declararse la invalidez del Capítulo VI “De la Educación Indígena”, así como del diverso Capitulo VIII “De la Educación Inclusiva” previstos en el Titulo Segundo “Del Sistema Educativo”, de la Ley de Educación del Estado de Baja California, porque vulneran el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, así como de las personas con discapacidad, precisó.
En ese sentido, se solicita que los diputados que integran la XXIV Legislatura participen en las consultas de personas con discapacidad y pueblos y comunidades indígenas, y con ello garantizar que las iniciativas, dictámenes y debates de los temas que atañen a estos dos grupos vulnerables se lleven a cabo conforme a los tratados internacionales donde el estado mexicano, señaló.
Explicó que la sentencia para el Congreso del Estado, es porque se legisló con aspectos relacionados a la educación indígena e inclusiva, sin realizar las consultas respectivas.
La presidenta de la Comisión de Educación expuso que dentro de los acuerdos aprobados con este documento se determina que cada integrante de este pleno aportará económicamente una parte proporcional del costo de ambas consultas; Se ordena que la información de los trabajos, convocatoria, y todo el proceso de las consultas sea publicada en la página oficial del Congreso, así como su página oficial de Facebook y se elabore los convenios de colaboración en materia de las consultas con las Instituciones Públicas IEEBC, INPI y DIF.
No hay comentarios:
Publicar un comentario