Cero Grados.- Los delitos de género en Baja California, presentaron en los primeros siete meses del año, un aumento considerable respecto al mismo periodo del año anterior en feminicidio (23.81%), violación (11.17%), violencia familiar (5.24%) y trata de personas (13.21%) que convierten a 2022 en un año particularmente violento para las mujeres.
“Pese a la reducción de 19.14% del homicidio doloso, Baja California se posiciona como el tercer peor estado del país en víctimas de este delito (ene-jul 2022). Aun cuando la extorsión reporta una disminución de casi 14 porciento, los hechos del pasado 12 de agosto exhiben un gran problema de extorsión presencial”, sentenció el director del ONC.
El Reporte señala que el número de víctimas de delitos que atenta contra la libertad aumentó de forma exorbitante durante este periodo.
Si bien, las víctimas por secuestros permanecen relativamente estables, Francisco Rivas hizo notar que las víctimas por otros delitos que atentan contra la libertad aumentaron de 177 en el mismo periodo de 2021 a 749 en este año.
El mismo documento indica que Rosarito es el municipio con la mayor tasa de homicidio doloso del estado (57.26 por cada cien mil habitantes) y sigue creciendo respecto al año anterior ante este panorama el Observatorio Nacional Ciudadano hizo las
siguientes recomendaciones:
1. Desarrollar una estrategia que contemple los retos que representan tener una Guardia Nacional ineficiente, los recortes presupuestales para la seguridad y la ausencia de una estrategia nacional en la materia.
2. Sacar a la politiquería de las políticas de seguridad y justicia.
3. Mejorar la captación de denuncias, particularmente de extorsión.
4. Implementar las recomendaciones del estudio sobre extorsión que presentaremos en el ONC y el foro con fiscales y secretarios de seguridad de las entidades dirigidas a:
• Desagregar y publicar información
• Hacer inteligencia
• Desarrollo de Libro Blanco
• Capacitación
5. Reconstruir las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS).
6. Reconstruir el aparato de protección a la mujer. Para ello, se requiere sumar a los sectores de salud, educativo, social y productivo en acciones de detección temprana de la violencia
en contra de niñas y mujeres para evitar la ocurrencia de los delitos que atentan contra su vida, su integridad y su libertad.
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