“Esperamos que con la implementación de esta prohibición podamos proteger la economía familiar del Estado y erradicar de una vez por todas esta práctica nociva, que en casos extremos puede llegar incluso a provocar la deserción escolar por falta de recursos”, enfatizó en su exposición de motivos.
Así mismo, resaltó que los padres de familia realizan esfuerzos para mantener a sus hijas e hijos en la escuela, y al ser la educación el pilar de toda sociedad que quiera superarse, es necesario tomar acciones desde las distintas instancias gubernamentales para proteger y fomentar que cuenten con todos los elementos necesarios para obtener y ejercer plenamente su educación.
Desde esta perspectiva, -dijo- es importante reconocer que, al inicio de cada año escolar, las familias tienen que incurrir en costos importantes, lo que genera una fuerte carga económica para las familias y que muchas veces significa que hay circunstancias imprevistas que impactan directamente en sus bolsillos, y un claro ejemplo podría ser el aumento de los precios de los útiles escolares debido a la inflación.
Sin duda otro dilema al que se enfrentan, es que en algunas escuelas públicas y privadas les exigen a los estudiantes comprar útiles nuevos de marcas específicas, o peor aún, les dicen que tienen que comprar estos materiales en lugares específicos para que los dueños de esos lugares se beneficien.
Por ello, reiteró la importancia de reformar la Ley de Educación local, para la prohibición de obligar a los padres, madres o tutores a adquirir marcas específicas o nuevas y de comprar en sitios exclusivos los útiles escolares, en las escuelas públicas, e incluso en las privadas.
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