En su presentación Jaime Vargas, manifestó que las actividades, metas y objetivos propuestos para el próximo año, se ajustan a los ejes estratégicos y líneas de acción contemplados en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 elaborado y aprobado por primera vez por el Tribunal de Justicia Electoral.
“Dicho presupuesto debe contemplar las impugnaciones que se pudieran presentar, derivadas de quejas o denuncias iniciadas a partir del inicio de procedimientos ordinarios o especiales sancionadores, además de los procedimientos relacionados con violencia política de género, mismos que se tramitarán a través del procedimiento especial sancionador”, refirió el compareciente.
Explicó que el presupuesto tendrá la siguiente distribución: actividades jurisdiccionales 26 millones 691 mil 761 pesos; capacitación 1 millón 353 mil 704 pesos; difusión 1 millón 647 mil 057 pesos; fortalecimiento institucional 385 mil 260 pesos; secretaria general de acuerdos 153 mil 002 pesos; unidad administrativa 7 millones 458 mil 698 pesos; órgano interno de control 1 millón 104 mil 726 pesos y la unidad de derechos humanos y género 1 millón 464 mil 162 pesos.
Las y los diputados presentes en dicha Sesión, cuestionaron al magistrado presidente sobre capacitación para atender a las comunidades indígenas, medidas de difusión, las atribuciones de la unidad de derechos humanos y género, las condiciones del padrón vehicular, etc.
Ante estas interrogantes, Vargas Flores comentó: “el Tribual de manera constante tiene capacitaciones obligatorias para todo el personal, con el fin de atender correctamente a todos los interesados en materia electoral, lamentablemente no contamos con una defensoría indígena, pero atenderemos la recomendación de la diputada Evelyn Sánchez para acercarnos con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI)”.
Con respecto al tema de difusión, dijo que la principal medida para difundir sus actividades, es a través de eventos con la ayuda de las plataformas digitales, lo cual ha ayudado de manera significativa, y con el tema de la unidad de derechos humanos y género, comentó que se está trabajando en su reglamento, para poder operar con apego al mismo, respetando la autonomía de gestión que tiene dicho órgano.
Para concluir, Julia Andrea González comentó: “hemos tomado nota de todas las observaciones vertidas en la comparecencia, mismas que serán analizadas por los integrantes de la CHyP, en conjunto con la opinión de la Auditoría Superior, para en su momento aprobar un presupuesto acorde a las necesidades del tribunal, tomando en cuenta las medidas de austeridad que contemplamos para el ejercicio 2023”.
En estos trabajos legislativos; participaron también las legisladoras Evelyn Sánchez Sánchez, Santa Alejandrina Corral Quintero Allende, Daylín García Ruvalcaba, así como los diputados Román Cota Muñoz y Sergio Moctezuma Martínez López.
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