El fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública pasa por optimizar y mejorar los niveles educativos de las policías del país. Y para cumplir con este objetivo deben existir estrategias fijas de reclutamiento, selección, evaluación, formación, certificación y profesionalización diferenciadas, tanto por el tipo de corporación policial (federal, estatal o municipal), como por la Entidad Federativa de que se trate, agregó.
Así lo expresó la Legisladora de Morena, al presentar una Iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, modificando la fracción Xll del artículo 136, misma que fue turnada a la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional.
En su exposición de motivos señaló que, sería deseable poder contar con cuerpos de policía menos numerosos, pero dotados de una mejor preparación y con condiciones salariales, de equipo, uniforme y seguridad social mucho más dignas y justas que las que hoy se tienen.
También mencionó que, el beneficio de contar con cuerpos mejor entrenados y mejor dotados, indudablemente redundaría tanto en la calidad del servicio, como en la posibilidad de ejercer un mejor control sobre su actuación. Y los integrantes de los cuerpos de policía tienen los mismos derechos que la Constitución Política reconoce a todos los habitantes.
Agregó que, para lograr el objeto del procedimiento penal, no solamente es necesario que los policías estatales y municipales cuenten con los conocimientos "técnico-jurídicos" en lo que respecta al Sistema Penal Acusatorio, sino que, además, se requiere que estos cuenten con un nivel educativo que les sirva de base para comenzar su proceso de profesionalización y especialización en materia de seguridad pública.
Y esta es una función a cargo de la federación, entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas.
Puntualizó que, tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz pública, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Mexicana y artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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