Lo anterior, a propuesta de la diputada morenista Araceli Geraldo Núñez y fue aprobado por unanimidad de las legisladoras y los legisladores presentes. Señaló que, desde marzo de 2020, el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado el Título 42 para cerrar la frontera a la mayoría de los migrantes que buscan asilo y para deportar rápidamente a aquellos que ingresan sin permiso.
Esta medida ha sido criticada por grupos de derechos humanos, quienes argumentan que el Título 42 se está utilizando indebidamente para negar el acceso al proceso de asilo y para deportar rápidamente a los migrantes, poniendo en riesgo sus vidas. En Tijuana, -dijo- los migrantes deportados enfrentan una serie de desafíos, incluyendo la falta de vivienda, acceso limitado a servicios de salud y empleo, y el riesgo de violencia y abuso.
Afortunadamente varios grupos de defensa de los derechos de los migrantes operan en Tijuana para brindar asistencia a los migrantes deportados, incluyendo la provisión de alimentos, vivienda temporal y servicios de asesoramiento, algunos grupos son la Casa del Migrante de Tijuana; Ángeles sin Fronteras y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.
Por lo anterior, solicitó también que se promuevan políticas públicas y programas de atención, que garanticen la protección de los derechos humanos de las personas migrantes deportadas, incluyendo el acceso a servicios básicos como la atención médica, la educación, la seguridad y la vivienda.
Asimismo, que se garantice el acceso a la justicia y la protección legal de las personas migrantes deportadas, a través de la implementación de mecanismos efectivos y eficientes para atender sus demandas y necesidades. “Desde esta tribuna hacemos un llamado a la solidaridad y la empatía hacia las personas migrantes deportadas y a sumar esfuerzos para construir una sociedad más justa e inclusiva”, refirió.
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