Indicó en su exposición de motivos, que la prevención del delito, busca reducir la exposición de los adolescentes a situaciones peligrosas y violentas, evitando la reincidencia delictiva, y garantizando su derecho a la vida digna y seguridad.
La realidad del contexto criminógeno en que estos viven, en conflicto con la ley penal; y la falta de políticas públicas y leyes que reglamenten y regulen lo relativo al seguimiento de los jóvenes dados de alta de las medidas de internamiento, ocasiona que el Estado mediante sus instituciones conducentes, no tenga un control con respecto a la situación actual de quienes lograron cumplir con las medidas de readaptación social.
Es por ello, que el inicialista expuso que debe considerarse que los factores endógenos y exógenos que condicionan el comportamiento delincuencial de algunos adolescentes, lógicamente forman parte de su contexto, del cual deben ser abstraídos, motivo por el que resulta benéfica la medida de internamiento.
No obstante -dijo- una vez superada esta medida, la tendencia es que el adolescente que tuvo un conflicto con la ley penal, regresa al mismo contexto criminógeno; lo que incita o bien a la reincidencia, o a la comisión de hechos delictuosos en la vida adulta.
Finalmente puntualizó que en razón de lo anterior, la presente iniciativa tiene como objeto proteger los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, toda vez que la prevención del delito busca garantizar un ambiente seguro y saludable para su desarrollo, respetando sus derechos individuales y colectivos, ya que todos los adolescentes tienen derecho a vivir en un entorno seguro, sin temor a la violencia, o a la criminalidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario