La propuesta de la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, es una medida que se aplicará para garantizar el acceso a los servicios públicos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad contribuyendo a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Pues es el Estado el que prevé y garantiza el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
“Cabe destacar que, desde el año 2021, a través de las diversas intervenciones en las comparecencias de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos sobre sus tarifas de cobro de derechos de agua, he observado y hecho ver, la necesidad de la aplicación de criterios en favor de las personas que menos tienen”, indicó.
Es imprescindible mencionar que la perspectiva de género, es una herramienta y pieza medular en todo el ciclo presupuestal, más aún cuando el Estado se encuentra en declaratoria de Alerta de violencia de género (AVGM/02/2020) contra las mujeres (AVGM), desde el 25 de junio de 2021.
La legisladora inicialista resaltó que en Baja California 3 de cada 10 mujeres son persona de referencia, lo que significa que son consideradas como jefas de la vivienda y al mismo tiempo, tienen el papel de cuidadoras de personas con discapacidad.
“Es por medio del presente exhorto, que de nueva cuenta se busca concientizar a la Secretaría de Hacienda de Baja California, la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua y a las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Agua de los municipios de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, que los estímulos fiscales que pueden ser un alivio para mejorar la condición de vida de quienes menos tienen”.
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