Por veinte votos a favor, se aprobó en reciente sesión ordinaria, esta iniciativa de adición a un artículo de la Ley de Cultura Física y Deporte de Baja California, contenida en el Dictamen No. 126 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
En un país donde el deporte juega un papel fundamental en la sociedad, -y por ende en la entidad- resulta esencial reconocer y apoyar a aquellos atletas que representan a nuestra nación, en competencias nacionales e internacionales.
La legisladora añadió en su exposición de motivos que, en tal contexto, el deporte adaptado, también conocido como deporte para personas con discapacidad o paraolímpico, se refiere a las actividades deportivas que han sido modificadas o diseñadas, específicamente para permitir la participación de personas con discapacidad.
Se practican estas disciplinas deportivas adaptadas a nivel competitivo, en los Juegos Paralímpicos y otros eventos deportivos internacionales. Abarcan una amplia gama de actividades que se adaptan a diferentes tipos de discapacidades, como la física, visual, auditiva o intelectual.
La Ley en comento, es quien reglamenta el derecho que tiene toda persona a la práctica del deporte y a la cultura física. Y prevé el Consejo Estatal de Cultura Física y Deporte como órgano de carácter consultivo en materia de cultura física y deporte, su función primordial de asesorar a las entidades de los sectores públicos social y privado que fomenten u organicen actividades deportivas de cualquier índole.
Además de proponer a la Secretaría de Educación y Bienestar Social, las políticas y acciones que deban promoverse, con el objeto de que un mayor número de bajacalifornianos alcance los beneficios de dichas actividades.
Sin embargo, el Consejo aludido que se integra por una pluralidad de representaciones de diversos ámbitos, no se encuentra integrado por una persona representante de organismos para personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.
Por ello, resulta vital que, en toda la toma de decisión, se realice con un enfoque inclusivo, a fin de trazar las políticas públicas y ejecutar las acciones necesarias que garanticen la participación activa de las personas con discapacidad.
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