En su exposición de motivos señaló que, se deben generar condiciones necesarias para que los planteles educativos, sean espacios en donde no se manifieste ninguna forma de violencia, y que en caso de que se presenten dichos actos, estos no queden impunes por parte de la autoridad escolar, y de las autoridades correspondientes.
Añadió que las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California, (CEDHBC) sobre violencia escolar en contra de la Secretaría de Educación del Estado, registraron un incremento del 46 por ciento en el año 2022.
Los expedientes se refieren a situaciones como: discriminación por la apariencia física en el cabello del alumnado; malas condiciones de las aulas escolares, y acoso escolar, entre otros, por lo que la urgencia de la situación exige acciones inmediatas y transformadoras.
Román Cota mencionó que, la creación e implementación efectiva de políticas de protección; el fortalecimiento de la colaboración entre educadores, padres de familia y autoridades; y la promoción de una cultura de cero tolerancia hacia la violencia en las escuelas, son pasos para revertir esta preocupante tendencia.
El sector educativo tiene la responsabilidad fundamental de garantizar un ambiente seguro y enriquecedor para el aprendizaje. Lo que implica la implementación de medidas efectivas para prevenir y abordar situaciones de violencia, y omisión de cuidados.
Por ello, la formación continua del personal, la promoción de una cultura de respeto y el establecimiento de canales de comunicación efectivos, son pasos esenciales hacia esta meta.
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