Por Javy Malacara
¿La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, estará enterada y es cómplice?
En la pasada mañanera que encabezó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pregunté del porque del retroceso que había en la expedición de licencias en el estado, ya que se había ordenado por medio del grupo de WhatsApp de recaudadores, que las licencias de nueva creación se expedirían en las oficinas de recaudación del municipio donde tuvieran los ciudadanos la dirección su credencial del Instituto nacional electoral (INE).
Yo exponía el caso de un ciudadano que nos denunció que radicaba detrás de la fábrica Toyota, donde desde su casa a la oficina de recaudación de rentas de Tecate hacia cerca de 12 minutos de camino e ir a alguna oficina de recaudación en Tijuana le tomaba de 40 a 50 minutos, por lo congestionado del tránsito vehicular.
Otros ciudadanos que viven en Tijuana y trabajan en Rosarito de 7:00 am a 7:00 pm con dos horas de comida, lo cual les da el tiempo para acercarse a la oficina de recaudación y tramitar ahí su licencia, pues también son rechazados para sacar su licencia, estos cambios son en perjuicio de la ciudadanía y en beneficio de alguien más.
El director del SATBC Gustavo Santos Hernández Valenzuela, dió como explicación una sarta de incongruencias que sólo dejaron dudas entre los contribuyentes, ya que señaló que Tijuana estaba saturando a Tecate y a Rosarito, que el solo quería poner orden y que la gente se diera cita en las oficinas de Tijuana, tanto en la vía rápida, cerró colorado, como en las instalaciones de IMOS.
La pregunta es:
¿si se supone que estas oficinas también son del estado, porque hacerlo se esa manera?
¿A quién beneficia Hernández Valenzuela con el orden que presume imponer?
Porque mucho se ha dicho en los pasillos de recaudación que la red de corrupción que existe en las oficinas de Tijuana ha crecido de forma exponencial.
Que Gustavo Santos Hernández Valenzuela solo está encordado por Víctor Manuel Aguirre Corrales, quien es el director de recaudación de rentas del estado y se presume tienen su red de corrupción la cual es manejada por el recaudador del IMOS, Rolando López Lugo, que al saturar las citas en Tijuana a los ciudadanos no les queda más que recurrir al coyotaje que ellos mismos provocaron para que les compren los servicios en el IMOS o en la oficina de recaudación de la vía rápida, donde los servicios de tal coyotaje oscila entre los 6 mil y 7 mil 500 pesos por licencia.
Mientras tanto a los delegados de recaudación de Rosarito, Tecate y Cerró Colorado, son meritorios a una denuncia por violar el artículo 273 del código penal federal “establece que un servidor público que niegue o retarde a los particulares la protección o servicio que tiene obligación de prestarles puede ser condenado a una pena de uno a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa” el mismo código dice que es tomada como negación del servicio público el obstaculizar el servicio que tienen la obligación de otorgar
Negarse a recibir una solicitud
Que a decir de los que saben esta orden que dio el director del SATBC Hernández Valenzuela, sería tomado por cualquier Juez como negación del servicio público y con ellos estaría violando el Artículo 267 quien señala que estos acto es un uso ilegal del servicio público y esto nos lleva a la violación del artículo 266 que subraya la intimidación, el tráfico de de influencias junto con otros 18 agravantes.
Aquí la pregunta es: ¿la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, está enterada de las violaciones a la ley que cometen los empleados bajo el cargo que ella les confirió?
O ¿la gobernadora Ávila Olmeda es cómplice de esta red de corrupción comandada por el director de recaudación Víctor Manuel Aguirre corrales, donde se llevan unas jugosas ganancias?
Le digo mi querido lector que estos presumen ser muy gallos y resultan ser muy grillos y ahora hasta coyotes, imaginen el grado de estupidez en la que caen a dar este tipo de órdenes, hasta la próxima…
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