La iniciativa fue presentada por la legisladora del partido Movimiento Ciudadano, Daylín García, quien destacó la importancia de garantizar una respuesta más contundente y eficaz ante la comisión de este tipo de delitos, buscando que los agresores enfrenten consecuencias más severas cuando abusan de su poder o de la vulnerabilidad de las víctimas.
La reforma a los artículos 179 y 180 del Código Penal, contempla que, si el delito de violación es cometido por una persona que desempeñe un cargo público, empleo o comisión, o ejerza una profesión utilizando los medios o circunstancias que estos le proporcionan, las penas y sanciones establecidas en la ley se incrementarán hasta en una tercera parte.
Asimismo, cuando la víctima sea menor de 18 años o no tenga la capacidad de comprender el hecho o resistirlo, y además concurran las circunstancias mencionadas, la pena se incrementará hasta en una mitad.
La violencia en México afecta gravemente a millones de menores, quienes sufren abusos en diversos entornos, incluidos el hogar, la escuela y otros espacios. Delitos como abuso sexual, violación y explotación se han incrementado en los últimos años, lo que resalta la urgencia de tomar medidas efectivas. Con esta reforma, el Congreso del Estado refuerza su compromiso de proteger a la niñez y adolescencia, promoviendo un entorno libre de violencia.
“Esta medida busca combatir esta conducta y salvaguardar la integridad de los menores que, en muchas ocasiones, se encuentran en contacto directo con personas que ejercen profesiones o cargos con atención cotidiana hacia ellos, aprovechando la confianza generada por la convivencia diaria”, expuso la inicialista.
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