La alcaldesa de San Quintín, Miriam Elizabeth Cano Núñez, agradeció al Congreso por escuchar a la población y resaltó que este esfuerzo se alinea con los ejes federales de atención a las causas, innovación tecnológica y coordinación institucional, impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Marina del Pilar.
Por su parte, la diputada Monserrat Murillo, originaria de San Quintín, señaló que desde el Congreso del Estado se trabaja para garantizar la seguridad como un derecho humano. Subrayó la importancia de promover la educación basada en valores y tolerancia, así como atacar las causas profundas de la violencia, tales como la pobreza y la falta de oportunidades.
En su intervención, el diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, destacó que esta Comisión ha recorrido más de 2,000 kilómetros por los principales municipios del estado, escuchando las inquietudes de diversos sectores ciudadanos, esfuerzo que ha permitido recopilar más de 100 iniciativas en materia de seguridad y protección civil.
“El Congreso de Baja California eligió comunicarse con la gente de San Quintín porque el poder emana del pueblo y es esencial regresar a su origen. Nadie ha sido excluido, pues todos tienen derecho a ser escuchados. Si no hubiéramos abierto los micrófonos, no conoceríamos las vivencias de sectores como hijos de policías, empresarios, campesinos, policías, pastores, colectivos de búsqueda, abogados, bomberos y grupos de la diversidad sexual entre otros sectores que han atendido este llamado”, resaltó Jorge Ramos.
Asimismo, recordó el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre ha puesto como ejemplo la lucha de los campesinos y migrantes de San Quintín, resaltando la importancia de atender primero a los más necesitados.
En esta sesión, también se contó con las valiosas participaciones de la diputada Araceli Geraldo y los diputados Ramón Vázquez y Fidel Mogollón, integrantes de la Comisión, quienes subrayaron la importancia de estas mesas de diálogo como herramientas para fortalecer el marco legislativo y garantizar que las leyes reflejen las verdaderas necesidades de la población.
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