A través de esta propuesta, la legisladora busca consolidar a la proveeduría local como una herramienta estratégica para fortalecer la cadena de suministro en la región, impulsar la productividad y fomentar la competitividad de los sectores productivos.
Daylín García explicó que, a pesar de que la ley vigente fue aprobada en 2018, su aplicación ha sido limitada, dejando a muchos sectores productivos sin acceso a los estímulos y beneficios previstos. Por ello, la iniciativa plantea una serie de reformas clave para potenciar la regulación, fortalecer a las MiPyMes y elevar la participación de la industria nacional en el sector maquilador.
La iniciativa contempla la armonización de la Ley de Fomento a la Proveeduría con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como la reorganización y fortalecimiento del Comité para el Desarrollo de Proveedores. Además, propone la optimización del Registro Estatal de Proveedores, incorporando certificaciones y capacitaciones que garanticen mejores oportunidades para los negocios locales.
Asimismo, la reforma amplía de cinco a quince días el plazo para que las empresas puedan defender sus estímulos y modifica el artículo 39 para otorgar un incentivo fiscal del 5% a aquellas que adquieran productos de MiPyMes inscritas en el Programa de Incubadoras para la Proveeduría. Asimismo, extiende los beneficios fiscales de dos a tres ejercicios, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor y consolidar el crecimiento económico del sector.
“La proveeduría local es clave para la generación de empleos y la estabilidad financiera de Baja California, por ello, debemos actuar con visión, aprovechar el talento y los recursos del estado, y demostrar que la innovación y calidad de nuestros productos pueden ser la mejor alternativa para las empresas", afirmó la inicialista.
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