Durante el evento realizado en el Centro Estatal de las Artes, se dieron cita decenas de personas con deficiencias motrices, visuales, auditivas, intelectuales y múltiples, quienes fueron divididas en mesas de trabajo.
Ellos realizaron propuestas en relación a las actividades que consideran que deben llevar a cabo las autoridades de gobierno, para trabajar en beneficio de las personas con discapacidad.
Antes de que los presentes realizaran los planteamientos, el diputado Mogollón les dio a conocer que este ejercicio le ayudará a las instituciones gubernamentales a desarrollar acciones de manera más humanitaria.
El representante popular del décimo quinto distrito local electoral, que corresponde precisamente a Playas de Rosarito, así como parte de Ensenada, les solicitó a los presentes que se expresaran libremente, diciendo lo que sienten, toda vez que de esa manera, las normas que se realicen, surgirán de las propuestas de quienes serán beneficiados.
Por su parte, la presidenta municipal de Playas de Rosarito, María del Rocío Adame Muñóz, les expuso: "necesitamos saber de viva voz lo que necesitan", con el objetivo de que las decisiones de gobierno no se tomen desde el escritorio.
"No tengan miedo a plasmar lo que piensan y necesitan; necesitamos conocer lo que a ustedes no les gusta".
Al final, un representante de cada una de las mesas pasó al frente para dar a conocer los resultados de las mismas, las cuales fueron escuchadas por el diputado Mogollón, y por la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, quien participó activamente en el desenvolvimiento del evento.
Ambos legisladores se comprometieron a dar seguimiento a lo planteado, desde el Congreso del Estado de Baja California.
El foro llevado a cabo en Playas de Rosarito, fue replicado simultáneamente en los seis restantes municipios del estado, como parte de los trabajos que desarrolla la Comisión Especial para la Consulta a Personas con Discapacidad de la Cámara de Diputados Estatal, que preside la diputada Michelle Alejandra Tejeda Medina.
Asimismo, se realizó en apego a una orden de los Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece la obligación de los congresos locales, de garantizar el derecho de consulta de las personas discapacitadas previo a la adopción o aprobación de decisiones que incidan en ellas.
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