“Nos hacen falta por lo menos 10,500 policías para una situación de normalidad criminal. Pero ni siquiera estamos en esa normalidad”, enfatizó. Cuestionó también que agentes policiales siguen asignados a la protección de funcionarios y empresarios, en lugar de patrullar las calles: “¿Por qué permitir ese privilegio a unos cuantos cuando la mayoría de la población está sin protección?”.
Señaló que mientras a muchos servidores públicos les resguarda un escolta, niñas, niños, mujeres y adultos mayores viven en la zozobra por la falta de presencia policial, “A ninguno de los principales funcionarios en este gobierno le interesa la seguridad del pueblo, y no les interesa porque no les afecta”, afirmó.
Asimismo, exhortó a la fiscal general del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, a realizar una encuesta de ambiente laboral e implementar acciones que dignifiquen las condiciones de trabajo del personal ministerial, investigador y pericial. Lamentó que agentes y peritos operen sin el equipo necesario, con salarios bajos y sin recursos tecnológicos para enfrentar a la delincuencia. “Así no se puede combatir la impunidad ni proteger la vida de las personas”, expresó.
Tras el análisis en el Pleno, y ante la reiterada falta de respuesta por parte de las autoridades a los exhortos emitidos por el Congreso, se aprobó modificar el formato de la proposición. La diputada Araceli Geraldo planteó concretar una reunión entre las diputaciones y las autoridades aludidas, y expresó: “Yo creo que es lo justo, porque si toda la Legislatura vamos a estar emitiendo exhortos que nadie contesta, entonces no estamos siendo tomados en serio”.
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