El exhorto fue promovido por el diputado Danny Fidel Mogollón Pérez y logró el respaldo del pleno del Congreso
En su exposición, el legislador de Morena citó datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), los que indican que Baja California produjo en 2022 más de 112 mil toneladas de productos pesqueros y acuícolas, posicionándose en el quinto lugar nacional en producción y en el cuarto lugar en valor económico, con una derrama superior a los 3,000 millones de pesos anuales. Cifras reflejan la magnitud del sector y su impacto directo en la economía regional.
En los municipios de Ensenada, San Quintín, Playas de Rosarito, Tijuana y San Felipe, se desarrollan actividades como la pesca ribereña, la pesca industrial, la acuacultura en aguas interiores, la maricultura, y la recolección de especies altamente valoradas como langosta, erizo, abulón, almeja, sardina, jurel, ostión y camarón.
También existen zonas con potencial de desarrollo en comunidades indígenas y pesqueras del sur profundo de la entidad, como Punta Colonet, El Rosario, Isla de Cedros, Bahía de los Ángeles y otras.
A pesar de esta gran relevancia productiva, en todo el estado no existe una oficina permanente de la CONAPESCA. La dependencia federal mantiene su sede central en Mazatlán, Sinaloa, y muchas de las gestiones más importantes como la obtención o renovación de permisos, concesiones, informes técnicos o trámites de inspección y vigilancia requieren acudir personalmente hasta esa ciudad, a más de 2,000 kilómetros de distancia.
Para el sector pesquero y acuícola, compuesto mayoritariamente por cooperativas, permisionarios sociales, comunidades rurales e indígenas, este obstáculo geográfico representa un gasto que en muchas ocasiones es imposible cubrir, provocando rezagos administrativos, pérdida de apoyos y, en ocasiones, pesca en informalidad involuntaria.
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