• La propuesta tiene como prioridad fortalecer la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Cero Grados.- El diputado Danny Fidel Mogollón Pérez explicó que existe entre la ciudadanía la percepción de que la evaluación psicológica ya es obligatoria en todos los procedimientos donde se determina la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes; sin embargo, actualmente no se encuentra establecida como una obligación general en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Ante esta situación, el legislador presentó una iniciativa para adicionar el artículo 558 Bis, con el propósito de establecer que, cuando se controvierta, determine o modifique la guarda y custodia, la autoridad jurisdiccional solicite una evaluación o dictamen psicológico de la persona que ejercerá la custodia.
“Muchas personas consideran que esta evaluación ya es obligatoria. Lo que estamos proponiendo es precisamente que quede establecida en la ley y que no dependa únicamente de que alguna de las partes la solicite. Queremos que sea un elemento que la autoridad tenga antes de tomar una decisión tan importante para la vida de una niña o un niño”, explicó Mogollón Pérez.
La evaluación deberá ser realizada por un perito autorizado, adscrito a los servicios periciales del Poder Judicial o designado por la persona juzgadora, y permitirá aportar elementos técnicos para valorar la aptitud, estabilidad emocional y capacidad psicológica de quien tendrá bajo su cuidado a la niña, niño o adolescente.
La propuesta contempla además que la evaluación conste en el expediente antes de emitir una resolución de fondo, salvo que exista un dictamen previo con una vigencia no mayor a seis meses, así como disposiciones para garantizar la gratuidad de la prueba para grupos vulnerables.
Mogollón Pérez señaló que el objetivo no es beneficiar a una de las partes involucradas en un conflicto familiar, sino dar mayores herramientas a las autoridades judiciales para tomar decisiones teniendo como prioridad a la niñez.
“Cuando hablamos de guarda y custodia, el centro de la decisión deben ser las niñas y los niños. Por encima de cualquier diferencia entre los adultos está su bienestar, su seguridad y su desarrollo”, puntualizó.
La iniciativa fue determinada jurídicamente procedente por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, por lo que continuará el procedimiento correspondiente para ser remitida al Congreso de la Unión para su trámite legislativo.
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