Cero Grados.- La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó ante el Congreso del Estado un Punto de Acuerdo para exhortar al presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, a informar los resultados obtenidos mediante los contratos plurianuales, así como el cumplimiento de las metas establecidas y los beneficios que estos recursos han generado para la población.
La legisladora planteó que el Ayuntamiento remita un informe integral sobre los contratos relacionados con seguridad pública, recolección de residuos, alumbrado público, limpieza, mantenimiento de vialidades, maquinaria y videovigilancia, con datos sobre montos contratados, pagados, recursos pendientes, vigencia, metas comprometidas y resultados alcanzados.
Recordó que en marzo de 2025 se presentó ante el Congreso un programa que contemplaba la incorporación de 431 vehículos para Seguridad Pública y 129 unidades recolectoras de residuos, además de acciones para modernizar el alumbrado público, atender vialidades, adquirir maquinaria y ampliar el sistema de videovigilancia.
Ante el tiempo transcurrido desde la autorización de estos compromisos, la diputada consideró necesario conocer si las inversiones se han traducido en mejoras concretas para Tijuana.
“Una administración pública se evalúa por los resultados que produce, una patrulla no es un resultado, una mejor capacidad de respuesta sí; un camión recolector no es un resultado, una colonia limpia sí”, expuso Corral Quintero al destacar la importancia de que el ejercicio de recursos públicos pueda medirse a partir de beneficios concretos para la ciudadanía.
En el exhorto también se solicita al presidente municipal informar el monto total de las obligaciones presupuestarias que permanecerán vigentes después de que concluya la actual administración y precisar qué ejercicios fiscales deberán asumir los gobiernos municipales subsecuentes.
Asimismo, se solicita a la Síndica Procuradora de Tijuana informar sobre las acciones de vigilancia y seguimiento de estos contratos, así como posibles observaciones, incumplimientos, deductivas o penalizaciones.
Además, plantea que la información se publique bajo el principio de máxima publicidad para que las y los tijuanenses conozcan cuánto se ha pagado, qué se prometió, qué se cumplió y cuáles han sido los resultados obtenidos con los recursos comprometidos.
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