Columna de análisis | Cero Grados
Hay tragedias que no deberían convertirse en estadísticas, y emergencias que no tendrían que recordarnos, una y otra vez, los problemas que hemos postergado durante años.
Las lluvias del fin de semana del 10 al 12 de octubre de 2026 dejaron una estela de afectaciones en Baja California. Inundaciones, viviendas dañadas, vialidades colapsadas, personas rescatadas y familias que todavía enfrentan la incertidumbre de no saber qué ocurrió con sus seres queridos.
La tormenta tropical Rachel y sus remanentes pusieron a prueba a nuestros municipios, pero también dejaron al descubierto una realidad incómoda: nuestras ciudades siguen enfrentando dificultades para responder a fenómenos meteorológicos que exigen prevención, infraestructura adecuada y una planeación urbana que considere las condiciones del territorio.
Ensenada concentró algunas de las consecuencias humanas más dolorosas. Tijuana volvió a mostrar su vulnerabilidad ante las inundaciones. Playas de Rosarito también registró afectaciones, mientras que Mexicali y Tecate enfrentaron problemas derivados de las lluvias.
No se trata de determinar qué municipio quedó peor ni de convertir el sufrimiento de las familias en una competencia de cifras. Se trata de comprender qué nos está diciendo esta emergencia y qué debemos hacer con esa información.
Porque cuando el agua baja, los problemas que la lluvia deja al descubierto no necesariamente desaparecen.
ENSENADA: CUANDO LA EMERGENCIA SE CONVIERTE EN TRAGEDIA HUMANA
Ensenada se convirtió en uno de los puntos más críticos de esta emergencia. El desbordamiento de arroyos, las corrientes de agua y las inundaciones provocaron pérdidas humanas, viviendas arrasadas y operativos de búsqueda que movilizaron a cuerpos de emergencia y familiares de las personas desaparecidas.
Las consecuencias fueron devastadoras para varias familias, particularmente en las zonas de El Pípila y San Francisquito, donde las corrientes arrastraron personas y afectaron viviendas.
La edición de La Jornada del 13 de octubre reportó cuatro personas fallecidas y diez desaparecidas en Baja California, ocho de ellas en Ensenada y dos en San Felipe. Otros reportes publicados ese mismo día ofrecían cifras diferentes, lo que refleja que el balance seguía actualizándose conforme avanzaban las labores de búsqueda. <Cite refs={["turn115795search4","turn115795search2"]}/>
Detrás de cada cifra hay una familia esperando noticias, una comunidad tratando de comprender lo ocurrido y personas que necesitan apoyo para enfrentar pérdidas que no se resuelven cuando termina la lluvia.
Por eso, el primer llamado debe ser a la solidaridad y al respeto por quienes atraviesan esta situación. Las tragedias no son oportunidades para el espectáculo ni para la descalificación fácil.
Pero tampoco podemos quedarnos únicamente en la conmoción. Cuando las condiciones lo permitan, será necesario analizar qué factores contribuyeron a la magnitud de los daños y qué medidas pueden evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
La solidaridad atiende las consecuencias inmediatas. La prevención debe trabajar para que no tengamos que volver a lamentarlas.
TIJUANA: UNA CIUDAD QUE VUELVE A ENFRENTARSE A SUS VULNERABILIDADES
En Tijuana, las inundaciones alcanzaron viviendas y vialidades, mientras los cuerpos de emergencia realizaron rescates de personas atrapadas por el agua. También se reportaron derrumbes, caída de postes y afectaciones a la circulación.
Entre los incidentes documentados estuvo la apertura de un socavón en un puente vehicular que conecta el ejido Francisco Villa con la colonia Terrazas del Valle.
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Lo ocurrido nos obliga a retomar una discusión que no comienza con esta tormenta: el crecimiento urbano y la capacidad de la infraestructura para responder a las necesidades de una ciudad que se ha expandido de manera acelerada.
Tijuana no puede entenderse sin su historia migratoria, su actividad económica y su condición fronteriza. Durante décadas, miles de personas llegaron buscando oportunidades, impulsando el crecimiento de la población y la expansión territorial.
Ese desarrollo trajo beneficios económicos y nuevas posibilidades para muchas familias. Sin embargo, también generó una demanda constante de vivienda, vialidades, drenaje y servicios públicos.
En distintas zonas, la urbanización avanzó en terrenos con pendientes pronunciadas, cañones y condiciones geográficas complejas. La expansión no siempre estuvo acompañada, al mismo ritmo, por la infraestructura y los servicios necesarios.
El resultado es una ciudad que enfrenta riesgos distintos según las características de cada colonia: inundaciones en zonas bajas, escurrimientos intensos, problemas de drenaje y deslizamientos en terrenos vulnerables.
La lluvia no explica por sí sola estas dificultades. Tampoco sería riguroso atribuir cada daño a una sola causa o responsabilizar automáticamente a una administración.
Lo que sí corresponde es examinar las condiciones que permiten que el agua se convierta en una amenaza: la capacidad de los sistemas pluviales, el mantenimiento de la infraestructura, la ocupación del territorio y el cumplimiento de las disposiciones de construcción.
Hace unos días planteábamos, en otra reflexión, la expresión popular «Tijuana mazapán» para analizar cómo el crecimiento de la ciudad ha puesto a prueba su infraestructura. Lo ocurrido este fin de semana vuelve a poner esa discusión sobre la mesa.
La pregunta no es si Tijuana puede evitar todas las inundaciones. La pregunta es cuánto podemos reducir los daños mediante una mejor planeación y una prevención sostenida.
ROSARITO, MEXICALI Y TECATE: UNA EMERGENCIA QUE EXIGE UNA MIRADA ESTATAL
Aunque la atención pública se concentró especialmente en Ensenada y Tijuana, el problema no debe limitarse a esos municipios.
En Playas de Rosarito se reportaron inundaciones, evacuaciones y afectaciones en zonas habitacionales. En Mexicali, los cuerpos de emergencia atendieron incidentes relacionados con vehículos atrapados por el agua, además de cierres viales. En otras zonas del estado también se registraron escurrimientos y encharcamientos. <Cite refs={["turn115795search1","turn115795search3"]}/>
Cada municipio tiene condiciones distintas. La topografía, los cauces, la distribución de las viviendas, la infraestructura existente y las características de las precipitaciones influyen en el tipo y la magnitud de los daños.
Por eso, no sería correcto asumir que todos enfrentaron la misma situación ni comparar sus consecuencias sin un balance técnico completo.
Lo que sí podemos afirmar es que una emergencia de alcance regional requiere coordinación regional.
La prevención no debería detenerse en los límites administrativos de cada ayuntamiento. Es necesario compartir información, coordinar alertas, identificar zonas de riesgo y establecer mecanismos de respuesta que funcionen antes, durante y después de una tormenta.
Si cada municipio actúa únicamente cuando el problema ya está frente a sus puertas, estaremos reaccionando de manera fragmentada ante riesgos que exigen preparación y colaboración.
LA DIFERENCIA ENTRE UNA TORMENTA Y UN DESASTRE
Aquí se encuentra una de las preguntas más importantes de esta columna.
Las lluvias intensas son fenómenos naturales. No podemos impedir que ocurran, controlar cada escurrimiento ni garantizar que ninguna calle vuelva a inundarse.
Pero el impacto de una tormenta depende también de las condiciones en las que encuentra a una comunidad.
No es lo mismo una corriente de agua que atraviesa un terreno sin viviendas que una que encuentra casas junto a un cauce. Tampoco es igual una lluvia intensa en una zona con infraestructura suficiente que en otra donde el drenaje es insuficiente, existen obstrucciones o hay construcciones expuestas a deslizamientos.
El riesgo surge de la interacción entre el fenómeno natural y la vulnerabilidad de las personas, sus viviendas y su entorno.
Esta distinción importa porque evita dos errores frecuentes: culpar a la naturaleza de absolutamente todo o atribuir cualquier daño, sin investigación, a una negligencia específica.
La discusión debe ser más seria.
Necesitamos saber qué zonas estaban identificadas como vulnerables, qué medidas preventivas se implementaron, qué infraestructura estaba funcionando y cuáles fueron las limitaciones que enfrentaron los equipos de respuesta.
Necesitamos diagnósticos, documentos, inspecciones y evaluaciones técnicas.
Porque la prevención no se demuestra con declaraciones posteriores a una tragedia. Se demuestra con acciones que reducen el riesgo antes de que la emergencia ocurra.
LAS ALERTAS SON IMPORTANTES, PERO ¿SON SUFICIENTES?
Antes del fin de semana, Protección Civil difundió avisos preventivos relacionados con las lluvias y los efectos esperados de Rachel. La emergencia, sin embargo, dejó consecuencias graves en distintas localidades.
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Esto abre una cuestión que merece una evaluación objetiva: ¿qué tan efectivamente se tradujeron las advertencias en protección para la población?
No basta con preguntar si se emitieron alertas. También debemos saber si la información llegó oportunamente a quienes más la necesitaban, si las zonas vulnerables estaban identificadas, si existían rutas de evacuación seguras y si las personas contaban con alternativas para abandonar lugares de riesgo.
Hay familias que no pueden evacuar con facilidad. Algunas no tienen vehículo; otras desconocen la magnitud del peligro o temen dejar atrás sus pertenencias. En ciertos lugares, la corriente puede aumentar en cuestión de minutos y convertir un trayecto habitual en una ruta mortal.
La comunicación preventiva debe considerar estas realidades.
También es indispensable que la ciudadanía atienda las indicaciones de las autoridades, evite cruzar arroyos o calles inundadas y no se exponga innecesariamente para recuperar objetos materiales.
La responsabilidad es compartida, pero no idéntica: las instituciones tienen obligaciones de prevención y protección, mientras que las personas deben contar con información clara y actuar con prudencia ante las advertencias.
El objetivo no es buscar culpables antes de investigar. Es identificar qué funcionó, qué falló y qué debe corregirse.
EL PRECIO DE CRECER SIN ANTICIPAR LOS RIESGOS
Las ciudades no se construyen de un día para otro. Se transforman mediante miles de decisiones acumuladas durante décadas.
Dónde se autoriza una vivienda, cómo se desarrolla un fraccionamiento, qué calles se pavimentan, qué sistemas pluviales se construyen, cuánto se invierte en mantenimiento y qué terrenos se consideran aptos para urbanizar son decisiones que terminan definiendo la seguridad de una comunidad.
Cuando la infraestructura se incorpora después de que la ciudad ya se ha expandido, las soluciones pueden ser más complejas y costosas.
Y cuando se permite que la población se establezca en zonas de alto riesgo sin alternativas seguras, la vulnerabilidad se convierte en un problema social que no puede resolverse únicamente con maquinaria y reparaciones.
Por eso, el crecimiento urbano debe acompañarse de estudios de riesgo, planeación territorial, supervisión de los desarrollos, mantenimiento preventivo y políticas de vivienda que permitan a las familias acceder a lugares seguros.
No se trata de frenar el desarrollo de Baja California. Se trata de entender que el desarrollo no puede medirse exclusivamente por la cantidad de viviendas construidas, las inversiones recibidas o los kilómetros de vialidades inaugurados.
También debe medirse por la capacidad de una ciudad para proteger a quienes viven en ella.
Una comunidad verdaderamente desarrollada no es aquella que nunca enfrenta dificultades. Es aquella que aprende de sus problemas, reduce sus riesgos y evita que las mismas tragedias se repitan por falta de previsión.
LA RESPONSABILIDAD NO TERMINA CUANDO DEJA DE LLOVER
Después de una emergencia, es habitual que la atención se concentre en los rescates, la limpieza, la rehabilitación de vialidades y la ayuda a las familias damnificadas. Todo ello es indispensable.
También merece reconocerse el trabajo de bomberos, paramédicos, rescatistas, personal de Protección Civil, fuerzas de seguridad y ciudadanos que se organizan para ayudar a sus comunidades.
Pero cuando termina la fase crítica, comienza otra obligación: evaluar lo sucedido y corregir las condiciones que aumentaron el riesgo.
Las autoridades municipales y estatales deben informar sobre las afectaciones, las zonas que requieren intervención prioritaria, los daños a la infraestructura y las medidas previstas para la recuperación.
También será necesario conocer los resultados de las evaluaciones técnicas, revisar el funcionamiento de los sistemas pluviales y determinar qué obras o acciones preventivas requieren atención urgente.
La ciudadanía tiene derecho a conocer los diagnósticos, los presupuestos y los avances.
No para convertir cada emergencia en una disputa partidista, sino para exigir que los recursos públicos se traduzcan en protección efectiva.
Las críticas deben sustentarse en hechos y las responsabilidades deben establecerse mediante investigaciones. Pero la complejidad de un problema tampoco puede convertirse en una excusa para dejar de hacer preguntas.
La atención de una emergencia salva vidas. La prevención sostenida puede evitar que otras vidas queden expuestas al mismo peligro.
CUANDO BAJA EL AGUA, DEBE COMENZAR LA EVALUACIÓN
Las lluvias de este fin de semana dejaron mucho más que daños materiales. Nos recordaron que detrás de la infraestructura existen vidas humanas y que detrás de cada decisión urbana hay consecuencias que pueden prolongarse durante generaciones.
Ensenada enfrenta el dolor de las pérdidas humanas y la incertidumbre de las familias que esperan noticias. Tijuana vuelve a mostrar las dificultades de una ciudad cuyo crecimiento exige soluciones estructurales. Rosarito, Mexicali y Tecate también forman parte de una realidad que requiere atención y coordinación.
No sería justo responsabilizar exclusivamente a la lluvia. Tampoco sería responsable aceptar cada consecuencia como si fuera inevitable.
La pregunta que debemos plantearnos es qué estamos haciendo para que nuestras ciudades sean menos vulnerables.
¿Estamos construyendo con base en estudios de riesgo? ¿Estamos manteniendo la infraestructura que ya existe? ¿Estamos evitando la ocupación de zonas peligrosas? ¿Estamos invirtiendo en prevención con la misma determinación con la que respondemos a las emergencias?
Y, sobre todo, ¿estamos aprendiendo de lo que ocurre?
Porque la recuperación no debería limitarse a devolver las cosas al estado en que estaban antes de la tormenta. Si las condiciones que provocaron los daños permanecen intactas, reconstruir sin corregir significa dejar abierta la posibilidad de repetir la historia.
Baja California necesita infraestructura, planeación y políticas públicas que consideren las particularidades de cada municipio. Necesita coordinación institucional, transparencia y una cultura de prevención que no aparezca únicamente cuando los pronósticos anuncian lluvias intensas.
Una tormenta puede ser inevitable. Que sus consecuencias se repitan sin aprender de ellas no debería serlo.
La pregunta no es solamente cómo vamos a reparar lo que se dañó este fin de semana. La pregunta es qué vamos a cambiar para que la próxima tormenta no vuelva a cobrarnos el mismo precio.
Porque cuando el agua baja, la emergencia puede comenzar a terminar.
Pero la responsabilidad de aprender de ella apenas comienza.
Eli Frías
Mentora Estratégica en Liderazgo Empresarial e Inteligencia Emocional
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