
Lo anterior como parte del cumplimiento de la Recomendación 11/2016 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California en noviembre de 2016 al Gobierno del Estado con motivo de violaciones a derechos humanos de 25 personas con discapacidad de origen auditivo, entre ellas niñas, niños y adolescentes, por no tomar medidas que garanticen su acceso a la educación.