Rosarito Informa.-A 11 días de que concluya este sexenio, el Instituo Nacional
de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, se va como uno
de los más cuestionados por su pasividad para salvaguardar la integridad de los
miles de indocumentados que cada año pasan por suelo mexicano rumbo a Estados
Unidos en busca del “sueño americano”.
El INM, encabezado
actualmente por Salvador Beltrán del Río, ha sido señalado por actos de
corrupción que han llevado al cese de 500 funcionarios, su poca defensa de los
derechos de los migrantes y los secuestros de éstos, quienes se han convertido
en un blanco fácil de los cárteles del crimen organizado en el país.
Es tal la laxitud de las autoridades migratorias mexicanas
que una caravana de madres de centroamericanos desaparecidos tuvo que realizar
un recorrido por 14 estados en busca de sus hijos. Uno de los hechos más
severos que colocaron al instituto bajo el escrutinio público fue la matanza de
72 migrantes en 2010, cuando Cecilia Romero Castillo era titular del INM.
Se pidió la comparecencia de la panista, se le exigió
esclarecer los hechos y ella renunció, pero en vez de alejarse de la política
–buscaba dirigir al PAN– fue nombrada secretaria general del Comité Ejecutivo
Nacional del blanquiazul. Ella siempre se autonombró como “la amiga del
Presidente”.
Pese a todos estos datos y la “depuración” del organismo,
Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, destacó que México ha avanzado en
el fortalecimiento al fenómeno migratorio, al comenzar una limpieza profunda en
el Instituto e inhabilitar a servidores públicos corruptos.
Apenas en días pasados se logró que la migración fuera
regulada no por la Ley de Población, sino por una Ley de Migración, que impulsó
el gobierno federal. La semana pasada, Poiré anunció dos acuerdos por medio de
los cuales se crea el Consejo Consultivo de Política Migratoria y se definió la
estructura, organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano del Instituto
Nacional de Migración (INM).
Aunque el Gobierno
Federal se despida destacando los avances en la materia, el sexenio se vio
marcado por casos en que los derechos de los migrantes no fueron respetados y
en los que, incluso, las autoridades se vieron involucradas en actos de
corrupción y secuestro de centroamericanos que lo único que buscan es conseguir
una mejor calidad de vida.
LEY DE MIGRACIÓN
El 25 de mayo de 2011, la Secretaría de Gobernación (Segob)
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expedía
la Ley de Migración. Además, la dependencia también informó que se reformarían,
derogarían y adicionarían diversas disposiciones de la Ley General de
Población, de los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, y
de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Policía Federal,
de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de Inversión Extranjera y General
de Turismo.
En ella se establece que el Estado mexicano debe garantizar
el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la
Constitución, con independencia de su situación migratoria; además, se indica
que los migrantes podrán acceder a los servicios educativos y a la atención
médica.
Sin embargo, el escenario que enfrentan los migrantes a su
paso por México no ha cambiado e incluso, hay quienes creen que se ha
recrudecido y es que, por un lado, los operativos en contra de centroamericanos
que pisan suelo mexicano no han cesado y por el otro, las medidas poco severas
para el ingreso de indocumentados continúan vigentes.
A pesar de las criticas, el 16 de junio del año pasado la
presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF, Margarita Zavala, destacó
que la ley era mucho más humana, garantizando así el derecho a la educación y
poniendo en el centro el interés superior de los niños.
“LA DEPURACIÓN”
Durante el presente
sexenio, aproximadamente 500 elementos han sido dados de baja del Instituto
Nacional de Migración (INM) por diversas irregularidades, incluyendo casi 200
vinculados con actos de corrupción, dio a conocer el pasado 17 de octubre el
comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río.
El funcionario expuso
que hasta esa fecha había 12 agentes involucrados en secuestros de migrantes, a
los que ya se había dado de baja e iniciado un proceso penal.
“Confirmo que ahorita no hay ningún agente del INM coludido
con secuestradores”, dijo en entrevista al término de la V Semana Nacional de
Migración.
Asimismo indicó que continuaba la aplicación de exámenes de
control de confianza para todo el personal del Instituto, con el propósito de
garantizar la honorabilidad de la institución a partir de cada uno de sus
empleados y destacó que más de 10 mil elementos del INM han recibido
capacitación en materia de derechos humanos y se mantienen en comunicación
constante con la comisión nacional para atender las quejas que puedan
presentarse.
Beltrán del Río
aseguró que casi 98% de las denuncias se determinan como improcedentes, es
decir, que no son realmente violaciones a los derechos de los migrantes.
Casi un mes después, el 14 de noviembre, el secretario de
Gobernación, Alejandro Poiré, dio otras cifras y manifestó que hasta el momento
se han dado de baja a 750 personas que no han aprobado las pruebas de control y
confianza, que representan más de 15% del personal del Instituto y se han inhabilitado
a 440 servidores públicos por presuntos actos de corrupción.
“Se cambió la ley que
decía que era delito estar en el país sin documentos necesarios, entonces cómo
exigir a Estados Unidos que tenga un tratamiento más humano cuando nosotros
criminalizábamos la migración indocumentada, esto se cambió”, dijo.
También, mencionó, se logró que la migración fuera regulada
no por la Ley de Población, sino por una Ley de Migración, que impulsó el
gobierno federal y que tuvo el respaldo de legisladores de todos los partidos.
Al tomar protesta a los integrantes del primer Instituto del
Migrante de Guanajuato, Poiré indicó que el propio Instituto Nacional de
Migración estaba siendo sometido al embate de la delincuencia y la corrupción,
por lo que tenían que hacer limpieza profunda al Instituto, reconociendo
primeramente el problema.
CORRUPCIÓN
El 1 de julio de
2011, La Jornada publicó que Salvador Beltrán del Río admitió que en ese
organismo prevalecía aún la corrupción, pero sostuvo que la investigación de
funcionarios se encontraba a cargo de la Procuraduría General de la República
(PGR).
Anteriormente el funcionario había anunciado que depuraría
su plantilla (integrada por cerca de cinco mil trabajadores) con el objetivo de
frenar los actos de corrupción que inundaron al organismo.
A pesar de las medidas, ese mismo mes se denunció que
agentes del organismo presuntamente exigían cuotas a centroamericanos para
permitirles el paso en México por la frontera sur.
La empresaria Socorro Coutiño reveló que los elementos del
INM cobraban 100 pesos a los extranjeros que deseaban ingresar a tierra
mexicana, de lo contrario eran regresados a Guatemala.
En otros hechos, el 5 de septiembre del año pasado siete
policías fueron detenidos por la agresión a tiros contra 46 inmigrantes
indocumentados durante una persecución en Comitán, Chiapas, que dejó dos
guatemaltecos lesionados.
Los meses siguientes también se presentaron casos de
corrupción. El 24 de abril pasado, el ex alcalde panista de Tuzantán, Didier
Rojas González, quien se identificó en su momento como coordinador de la
campaña del entonces candidato a la gubernatura por la coalición PRI-PVEM,
Manuel Velasco (actual gobernador electo), fue capturado al intentar internar
ilegalmente en el país a tres salvadoreños.
Y los hechos seguirían, el más reciente fue informado el 14
de noviembre por La Jornada, señalando que trabajadores del Instituto Nacional
de Migración (INM) zacatecano “presentaron una denuncia ante la Secretaría de
la Función Pública contra el delegado de esa dependencia federal en el estado,
Héctor Alfredo Márquez Medina, y otros tres funcionarios de la misma, por su
presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de tráfico de
influencias, uso indebido de atribuciones y facultades, y ejercicio abusivo de funciones”.
LA MATANZA DE SAN FERNANDO
El 24 de agosto de
2010 fueron localizados 72 cadáveres de migrantes provenientes de Centro y
Sudamérica en el ejido El Huizachal, del municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Muchos de ellos presentaban el tiro de gracia.
Los cuerpos estaban
apilados y a la intemperie. Más tarde se revelaría que el único sobreviviente
de la masacre llegó ese mismo día en busca de ayuda a un retén instalado por la
Marina, donde denunció los hechos.
Dijo ser de Ecuador y, según su testimonio, salvó la vida al
fingirse muerto. “Inicialmente los marinos no le creían, y sólo porque estaba
malherido, con un tiro en la espalda, decidieron enviar elementos al lugar”.
El ecuatoriano señaló
como autores de la matanza a Los Zetas.
Dos años después de la masacre,
organizaciones sociales, eclesiásticas, académicas, de defensa de los derechos
humanos y migrantes, exigieron esclarecer los hechos y castigar a los culpables
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, miembro del Consejo de Garantes del capítulo
mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), advirtió que dejar en la
impunidad los crímenes “significa alentar a las organizaciones criminales”.
Refirió que para
quienes trabajan con migrantes “leemos en esta cadena de impunidades”,
sufrimiento, muerte, tortura, destrucción “no solamente de las personas sino de
familias enteras”, dijo en un acto conmemorativo en la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Fue hasta el 7 de
octubre de este año que autoridades tamaulipecas reportaron la captura de
Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias “Comandante Ardilla”, uno de los
presuntos responsables de la matanza.
El 7 de diciembre de
2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa la designó Comisionada del
Instituto Nacional de Migración y permaneció en el cargo hasta septiembre de
2010, cuando renunció tras la matanza de 72 migrantes en San Fernando,
Tamaulipas, pero éste no sería el único caso que pondría a Romero bajo el
escrutinio público.
En junio de 2008, un
comando interceptó a un convoy que trasladaba a 37 indocumentados, amagó a
siete custodios del INM que resguardaban la unidad y raptó a los 33 cubanos y
cuatro guatemaltecos que serían repatriados y que se dirigían a la estación
migratoria de Tapachula, Chiapas.
Pero el caso dio un giro, pues el órgano a su cargo pasó de
denunciante a presunto cómplice de los hechos.
Ante la situación, Romero Castillo habló de depurar la
dependencia, pero tras el hallazgo de los 72 cuerpos en Tamaulipas se hicieron
más evidentes las denuncias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
y de organismos ciudadanos sobre secuestros masivos y violencia contra
inmigrantes, estando involucrados presuntos agentes del Instituto.
El 15 de octubre de 2010 y en busca por la dirigencia
panista, Romero expresó: “Ya había venido analizando la posibilidad de
contender por la presidencia del partido y en esos momentos, desgraciadamente
se atravesó esta situación muy grave, pero era un tema que ya habíamos venido
platicando y que concluyó con este ciclo de mi vida profesional en la función
pública”, publicó Milenio.
La presión llevó a Romero a renunciar, pero regresaría a la
vida política por la puerta grande.
El 8 de diciembre de 2010, el Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del PAN la nombró su nueva secretaria general a petición de Gustavo
Madero, dirigente de ese partido.
Cuando Romero hacía pública su renuncia, en el Congreso de
la Unión se exigía su comparecencia y la de José Francisco Blake Mora, entonces
secretario de Gobernación, para que dieran una explicación sobre el
multihomicidio en el estado fronterizo.
Antes de irse, en una entrevista con El Universal definió a
los agentes y funcionarios a su cargo: “Son como todos los seres humanos, los
mexicanos y el resto de los servidores públicos… muy proclives a abusar del
débil”.
Luego de dejar su
puesto, se le continuó exigiendo esclarecer el caso San Fernando y seguía
siendo señalada por su desempeño en el instituto.
El 28 de mayo de
2011, el entonces senador del Partido de la Revolucionario Democrático (PRD),
Pablo Gómez, aseveró que “la actual secretaria general del Partido Acción
Nacional (PAN), Cecilia Romero, debe rendir cuentas de qué fue lo que hizo y
dejó de hacer cuando estuvo al frente del Instituto Nacional de Migración
(INM)”.
La funcionaria “por
lo menos tiene la responsabilidad administrativa de haber permitido que el
negocio funcionara, es un negocio criminal, del más alto nivel de criminalidad,
no es el tráfico de drogas simple, es el tráfico de personas, el asesinato, la
masacre de centenares de personas”, manifestó.
SECUESTROS
El 29 de junio de 2011 el sacerdote Alejandro Solalinde
Guerra, fundador del albergue “Hermanos del Camino”, localizado en el municipio
de Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo, Oaxaca, dijo a Grupo Imagen
Multimedia que había al menos 129 inmigrantes desaparecidos en Veracruz, pero
que podrían ser alrededor de 250.
“Fueron algunos de los migrantes que lograron escapar de sus
secuestradores quienes hicieron la denuncia”, señaló.
De acuerdo con el religoso, el plagio fue realizado por Los
Zetas en contubernio con maquinistas del tren conocido como “La Bestia”.
De acuerdo con la información proporcionada por los
testigos, había mujeres y niños entre los desaparecidos desde el 24 de junio;
sin embargo, el entonces subsecretario de Población, Migración y Asuntos
Religiosos de la Secretaría de Gobernación, René Zenteno, dijo a La Jornada que
el gobierno federal no reconocía la existencia de un secuestro.
Más de un año
después, el 5 de octubre, Solalinde reportó un nuevo secuestro, esta vez
presuntamente de 40 migrantes en Medias Aguas, Veracruz, el pasado 2 de
octubre.
La Procuraduría de Justicia de dicho estado rechazó que
existiera una denuncia por ese señalamiento.
Debido a los casos que se han denunciado, en septiembre
pasado México Unido contra la Delincuencia indicó que las autoridades federales
y locales muestran “opacidad” respecto a la atención que prestan a la situación
del secuestro de migrantes.
En conferencia de prensa Juan Francisco Torres Landa y
Josefina Ricaño de Nava, presentaron el informe de esta organización sobre
secuestro de migrantes y explicaron que con base en los informes de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2009 a 2011, y que señalan el secuestro
de 20 migrantes, hicieron varias preguntas a través de transparencia a cuatro
dependencias federales y siete gobiernos estatales.
“Lo que encontramos fue opacidad, intentos por negar los
hechos e impunidad en prácticamente los tres órdenes de gobierno respecto a un
problema que implica también trata y tráfico de personas; trabajos forzados;
homicidios masivos e inclusive situaciones similares a campos de
concentración”, señaló.
A partir de las
respuestas obtenidas a las preguntas que se plantearon, México Unido contra la
Delincuencia elaboró un semáforo en donde median opacidad, ignorancia del tema,
incompetencia, traslado de información y negación de los hechos.
En tanto, el pasado 27 de octubre integrantes de la Comisión
de Asuntos Frontera Sur-Sureste en la Cámara de Diputados, pidieron al
Instituto Nacional de Migración (INM) informar sobre el resultado de las
actividades realizadas para prevenir secuestros de migrantes centroamericanos.
Al presentar la petición el perredista Carol Antonio
Altamirano indicó que con base en cifras de la Subsecretaría de Población,
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, al año ingresan
a México más de 150 mil indocumentados, la mayoría provenientes de Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua.
“De acuerdo con la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos de abril a septiembre de 2010 se
documentaron 214 eventos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de
las víctimas y testigos han habido 11 mil 333 migrantes víctimas de secuestro”,
agregó Altamirano. Consideró que esta cifra es alarmante pues representa 74 por
ciento más que todos los secuestros denunciados en México de 2006 a 2012.
De acuerdo con la información del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, de enero de 2006 a agosto de 2012 se denunciaron seis mil
512 secuestros en el país.
Dos días más después, la Secretaría de Marina rescató a 14
centroamericanos que habían sido privados de su libertad en Tamaulipas y
arrestó a dos presuntos secuestradores.
TRATA DE PERSONAS
El pleno del IFAI
solicitó al Instituto Nacional de Migración el pasado 24 de octubre buscar y
entregar los indicadores con los que cuenta para detectar a las posibles
víctimas del delito de trata de personas.
Lo anterior después de que un particular solicitara la
información sobre cuántas personas extranjeras fueron consideradas víctimas del
delito de trata de personas de 2007 a mayo del año de 2012, qué se resolvió en
cada uno de estos casos y qué indicadores se utilizan para identificar a estas
víctimas.
En su respuesta
original, el sujeto obligado entregó un cuadro en el que se informa que en 12
estados del país se detectaron 49 personas víctimas del delito de trata, entre
los años 2009 y 2012.
Así como los procedimientos subsecuentes, que van desde el
traslado a estación migratoria, regularización migratoria, la repatriación
asistida, la declaratoria de inmigrado para refugiado, hasta la salida
definitiva a su país de origen en conjunto con la Organización Internacional para
las Migraciones.
Los elementos mínimos
que se toman en cuenta para considerar que una persona es víctima del delito de
trata de personas es precisamente, la definición que de este delito hace la
ley, la cual dice que es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas
para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o
alojar a una o varias personas con fines de explotación.
SIN PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
El 6 de julio de 2011
el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl
Plascencia Villanueva, advirtió que la tendencia de incremento de quejas por
violaciones a las garantías individuales en lo que va del año se calcula en
45%, pero si se suma la de 2010 llega a 70% en año y medio.
Destacó que las principales autoridades involucradas son
aquellas que particularmente están relacionadas con el tema de la seguridad
pública, la Policía Federal y el Ejército, así como el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de Migración.
Las principales
quejas son detenciones arbitrarias, tortura, extorsiones, indebida prestación
del servicio público, entre otras, dijo en entrevista luego de la inauguración
del foro “La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011”, a
la que asistió también Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República.
Por otro lado, en
febrero de este año la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de
Delitos (Províctima) dio a conocer que llevó a cabo un encuentro con
representantes consulares de países latinoamericanos en México, a fin de
facilitar la ayuda a personas extranjeras.
El organismo refirió que dicha reunión tuvo el objetivo de
facilitar el apoyo para la localización de personas extranjeras reportadas como
desaparecidas o no localizadas, así como ofrecer apoyo jurídico, médico y
psicológico.
Refirió que durante cuatro meses de operación, fueron
reportadas a Províctima 33 personas de origen latinoamericano como
desaparecidas o no localizadas desde 2010 y 2011, entre ellas 13 ecuatorianas,
12 hondureñas, cuatro guatemaltecas y cuatro nicaragüenses.
De acuerdo con un comunicado, la titular de Províctima, Sara
Irene Herrerías, reconoció que existe un bajo índice de denuncia entre la población
migrante que ha sido víctima del delito o ha sufrido violaciones a sus derechos
humanos.
En hechos más recientes, en septiembre el periódico El
Universal publicó que “en México los migrantes son el botín de una industria
criminal creciente, cada vez más violenta, que opera bajo el amparo de la
corrupción y la impunidad”.
Mauricio Farah
Gebara, experto en migración y derechos humanos, manifestó al rotativo que “lo
que predomina hoy en el universo migrante es el asalto, la violación de
mujeres, la desaparición de migrantes, su tortura, las detenciones arbitrarias
de autoridades que después los ponen en manos de los grupos delictivos, el
secuestro, los homicidios, y por supuesto una masacre”.
Gebara indicó que esta crisis destaca debido a la “inexistencia
de una auténtica política migratoria con enfoque de derechos humanos”.
A MERCED DE LA DELINCUENCIA
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó el 10 de
octubre del año pasado que el flujo migratorio centroamericano por territorio
mexicano se redujo un 70 % de 2005 a 2010, al pasar de 433 mil a 140 mil
eventos (cruces).
El órgano indicó que en los últimos años se incrementó la
vulnerabilidad y los riesgos de los migrantes durante su tránsito por el
territorio mexicano y el cruce de la frontera norte de México, debido a la
mayor incursión del crimen organizado en actividades relacionadas con el
fenómeno migratorio, como el tráfico, la trata, la extorsión y el secuestro de
migrantes.
Uno de estos casos tuvo lugar el 16 de junio de 2011, cuando
40 migrantes centroamericanos y sus custodios fueron atracados por un grupo de
encapuchados cuando viajaban en un autobús por el sureste de México.
El robo se registró
cuando los indocumentados, interceptados en distintos operativos en el sureste
el país cuando viajaban con rumbo a Estados Unidos, eran trasladados por dos
agentes de migración de Tenosique, en el estado de Tabasco, hacia Tapachula,
Chiapas.
Este hecho se ha convertido en uno de los principales
temores de los centroamericanos que han sido testigos o han sabido de casos de
secuestros y ejecuciones por parte de criminales contra indocumentados.
Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México, alertó en agosto pasado que
tres cuartas partes de los inmigrantes que atraviesan México quedan a merced de
la delincuencia organizada.
“El flujo de inmigrantes que circulan por el país es de
alrededor de 400 mil personas en las estimaciones que tenemos al año, de los
cuales se llegan a asegurar por la autoridad migratoria cerca de 70 mil″,
precisó el titular en una entrevista con Efe.
El ombudsman añadió que el resto, de 310 mil a 330 mil
aproximadamente, son personas que “quedan en manos de la delincuencia o en su
caso de los servidores públicos que suelen abusar de ellos”, dijo.
Plasencia comentó que
incluso la CNDH ha documentado cómo los mismos servidores públicos del
Instituto Nacional de Migración (INM), autoridades municipales y estatales
abusan de los inmigrantes en su paso por México buscando llegar a Estados
Unidos.
Dichas autoridades en muchas ocasiones, añadió, suelen tener
algunos vínculos o suelen ser complacientes con la delincuencia. Plascencia
describió que fruto de estas indagatorias se derivó un convenio entre la CNDH y
la Secretaría de Gobernación en el año 2010, para que se aplicaran medidas de
prevención de estos abusos.
MÁS PREOCUPADOS POR LOS VOTOS
El equipo de la
entonces precandidata a la presidencia por el PAN, Josefina Vázquez Mota,
denunció el 31 de enero de este año ante la Comisión Nacional de Elecciones a
la delegada del partido Acción Nacional en Puebla del Instituto Nacional de
Migración, Rocío Sánchez de la Vega Escalante, por ofrecer un pago por cada
militante que lleven a votar a favor de Ernesto Cordero en las elecciones
internas del blanquiazul.
En el video, con duración de más de 20 minutos, la
funcionaria llamó a los simpatizantes congregados el 27 de enero en un
departamento en Puebla a realizar acciones a favor de Ernesto Cordero, quien,
aseguró, sería el “próximo presidente” de México. Sánchez de la Vega pidió a
cada uno de los militantes reunidos que aseguraran una cuota mínima de 13
personas para que acudieran a votar, recalcando que era de manera obligatoria,
porque no podían llevar menos.
Por cada persona y cada voto a favor del precandidato,
ofrecía un pago o “incentivo” que no especificó.
También ofreció un
bono da quien llevara más de 30 militantes o adherentes al partido. Al día
siguiente, el Instituto se deslindó de posibles acciones partidistas que
pudieran realizar sus servidores públicos a favor de algún partido político o
candidato, fuera de horarios de trabajo.
El organismo aseguró que todo funcionario tenía derecho a
realizar actos de proselitismo, siempre y cuando no lo hiciera ostentando su
cargo, dentro de su horario laboral o durante misiones de carácter oficial.
MÚLTIPLES ASEGURAMIENTOS
Durante los últimos
años el INM ha informado de múltiples aseguramientos y localizaciones de
migrantes en territorio mexicano.
Tan sólo de enero a noviembre de 2011 la dependencia
repatrío a 46 mil 716 centroamericanos de “manera ágil, ordenada, digna y
segura a sus lugares de origen”, lo que representó el 74 por ciento del total
de las personas extranjeras alojadas en las Estaciones Migratorias del país.
Casi iniciando el
año, el 2 de febrero, agentes detectaron a 155 personas de origen
centroamericano que no acreditaron su estancia legal en el país, durante
revisiones en diversos municipios de Hidalgo.
De acuerdo con
información del organismo, los operativos se efectuaron en los municipios de
Apan, Tepeapulco y Emiliano Zapata, así como en la estación de tren de la
localidad de Irolo y en la autopista Arco Norte, en el tramo México-Pachuca.
El 19 de junio de 2011 el órgano dependiente de la Segob
destacó que de enero a abril del año pasado aseguró en Sonora a un total de 587
extranjeros sin documentos migratorios que comprobaran su legal estancia en el
país.
Detalló que entre los
extranjeros asegurados se hallaban 401 ciudadanos de Guatemala, 53 de Honduras,
51 de El Salvador, además de 43 de la India.
En abril de este año
unos 68 migrantes y tres traficantes de indocumentados fueron asegurados por
personal del Instituto en un operativo respaldado por la Policía Estatal.
Además, ese mismo mes 87 centroamericanos fueron rescatado
por la policía en una zona selvática de Veracruz, donde habían sido
abandonados. Los migrantes, 85 de ellos de origen guatemalteco y dos
salvadoreños, fueron localizados en la zona selvática de Los Tuxtlas, a 520
kilómetros al sureste de la capital mexicana.
En tanto, el 18 de agosto, durante un operativo realizado
por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Reynosa, fueron detenidas
dos personas y localizados 77 indocumentados.
De acuerdo con Milenio, los detenidos declararon ser los
responsables de proveer comida a los migrantes, quienes se encontraban en una
vivienda de esta ciudad fronteriza.
Uno de los más recientes hechos ocurrió el 26 de septiembre
cuando en dos operaciones de la Policía Federal de México en el estado de
Tabasco fueron lozalizados 107 migrantes indocumentados provenientes de
Honduras, Guatemala y El Salvador, informó la Secretaría de Seguridad Pública.
Un total de 88 de los extranjeros viajaban en autobuses de
pasajeros y cinco eran menores, entre los 9 y 17 años.
USO DE NIÑOS
Organismos civiles denunciaron el 9 de enero que agentes
federales y locales desalojaron y arrestaron a más de 70 desplazados
guatemaltecos que mantenían un campamento en el municipio de Tenosique,
Tabasco. Según la denuncia, “las autoridades detuvieron a los niños y niñas del
campamento y los subieron a camiones con el objeto de que sus padres se
entregaran, lo que implica trato inhumano y la posible comisión de ilícitos por
parte de los funcionarios que participaron”.
Las Organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas el
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), expusieron
que, según testimonios de otros desplazados, los agentes llegaron
sorpresivamente en camionetas y patrullas esta mañana al campamento, instalado
en la franja fronteriza aledaña al Ejido Nuevo Progreso.
De acuerdo con los testimonios, en el operativo participaron
policías federales y municipales, así como agentes del Ministerio Público,
algunos de ellos vestidos de civil y bajo el mando de una persona que dijo ser
subdelegado regional del Instituto Nacional de Migración (INM).
Explicaron que los
agentes desmantelaron con violencia el campamento que familias guatemaltecas
mantenían desde el 23 de agosto de 2011 luego de que fueron desplazadas por el
Ejército guatemalteco de la comunidad Nueva Esperanza, en el país
centroamericano.
Al siguiente día, el Gobierno reconoció el traslado de
decenas de desplazados guatemaltecos a una estación migratoria en el sureste
del país, pero negó la versión de que la operación se llevara a cabo con
violencia y empleando menores.
EL PADRE SOLALINDE
Alejandro Solalinde Guerra, licenciado en Historia por la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y con una licenciatura en
Psicología y una maestría en terapia familiar sistémica, desde hace más de
cinco años se ha dedicado a apoyar a los migrantes que cruzan la frontera sur
del país en su camino a Estados Unidos en busca del llamado “Sueño americano”.
De acuerdo con El
Universal, durante más de 30 años se desempeñó como jefe de parroquia en varias
iglesias del país tras ser ordenado presbítero por el obispo de Toluca, Arturo
Vélez y en 2006 fue designado coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana
por la Conferencia del Episcopado Mexicano para la región sur-sureste del país,
que abarca Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Un año después, el 26
de febrero de 2007, empezó la construcción del albergue “Hermanos en el
Camino”, que desde su creación en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, ha atendido a miles
de migrantes centroamericanos en su paso por territorio mexicano.
El clérigo también ha propuesto la creación de un banco
nacional de datos de ADN para cruzar datos con los miles de cadáveres sin
identificar que ha dejado la lucha contra el narco encabezada por Felipe
Calderón. Debido a su labor, el presbítero ha recibido diversas amenazas de
muerte que lo orillaron a salir del país el pasado 16 de abril.
El padre se ha quejado públicamente del INM y de sus
funcionarios, el 2 de julio de 2011 Elia Baltazar publicó en SinEmbargo.mx el
reportaje titulado Solalinde toca la llaga podrida: El INM, en el que el
sacerdote aseguró: “El Instituto Nacional de Migración (INM) es como una
persona invadida de cáncer, a la que aparentan arreglar muy bonito, la visten
elegantemente, hasta la maquillan, pero esta institución ya está invadida,
desahuciada, y en su caso la corrupción es la enfermedad”.
En el texto se destaca que Solalinde aún mantenía la
esperanza de que desapareciera el INM para crear otra oficina dedicada sólo a
asuntos administrativos, bajo la condición de que se extendieran permisos de
tránsito o visas para los migrantes centroamericanos, quienes de esa manera ya
no necesitarían “seguridad” porque no los obligarían a viajar en condiciones
tan vulnerables.
“Ellos no necesitan
seguridad, sino que les den el paso. Un permiso, una visa que les permita
viajar en otras condiciones. Mientras eso no suceda, seguirán viajando en tren,
exponiéndose a los secuestros, porque donde hay un desplazamiento masivo, hay
un riesgo masivo”.
EN BUSCA DE SUS HIJOS
Debido a la laxitud de las autoridades, madres de
centroamericanos desaparecidos en México se unieron en la caravana “Liberando
la Esperanza” para buscar a sus familiares en el país y reunirse con
autoridades.
Las madres, procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador
y Nicaragua, llegaron a México el 15 de octubre desde territorio guatemalteco a
través del paso fronterizo de El Ceibo, estado de Tabasco y recorrieron 14
estados en busca de mil 200 hijos desaparecidos en su tránsito a Estados
Unidos; sin embargo, el contingente sólo logró encontrar a seis personas.
El último reencuentro
se celebró esta tarde en el municipio de Huehuetán, cercano a la frontera con
Guatemala en la costa de Chiapas, cuando Leonarda Chacón abrazó a su hijo José
Marvín Zelaya Chacón a quien no veía desde hacía cinco años cuando salió de
Honduras.
Durante los recorridos, el 18 de agosto en Reynosa,
Tamaulipas, Martha Sánchez Soler, coordinadora de la caravana, señaló que en
México han desaparecido un número indeterminado de entre 70 mil a 120 mil
migrantes en su paso por México en los últimos años.
La también presidenta
del movimiento migratorio mesoamericano destacó además que la desaparición de
personas que utilizan como ruta México para llegar a Estados Unidos, en su gran
mayoría se debe a que son presas del narcotráfico, de grupos delictivos que
operan y que los extorsionan.
Señaló que aunque no hay estadísticas oficiales, de acuerdo
con datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras
organizaciones, se desprende que del 2006 a la fecha han desaparecido entre 70
y 120 mil personas en su tránsito por México.
Indicó que el primer
lugar en personas desaparecidas lo ocupa Honduras, seguida por el Salvador,
Nicaragua y Guatemala, aunque en menor porcentaje existen otras nacionalidades
como Perú y Brasil.
Este contenido ha sido publicado originalmente por
SINEMBARGO.MX
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