El congreso rechazó observaciones del ejecutivo y ratificó dos decretos para su publicación

Rosarito Informa.-El Congreso del Estado rechazó cuatro observaciones hechas por el Ejecutivo del Estado a igual número de Decretos enviados por esta Soberanía y, de acuerdo a la Ley de la materia, ratificó su contenido y los remitió para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Lo anterior forma parte de los asuntos abordados este día por la Vigésima Legislatura, en la sesión ordinaria que fue presidida por la Diputada Elisa Rosana Soto, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 

El primero de los dictámenes de la Comisión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales con los que se abordaron los Decretos que envió con observaciones el Jefe del Ejecutivo, fue el que se refiere a reformas aprobadas por el Congreso en torno al artículo 201 bis, la adición al 201 Ter del Código Penal, el 123 y el 155 del Código de Procedimientos Penales.  El objetivo es establecer el robo de cableado y demás materiales metálicos como delito grave, cuya Iniciativa fue presentada por las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Estatal de Baja California y del Partido del Trabajo, aunque con la aprobación del dictamen 132, se agregó una reforma  en lo particular, que fue presentada por el Diputado Oscar Garzón Zatarain y aprobada con dispensa de Trámite, por 20 votos a favor y la abstención de la Diputada Lizbeth Mata Lozano, a fin de añadir el feminicidio como delito grave. 

Otro Decreto observado por el Gobernador y que fue rechazado por los Congresistas locales es el 320, de la misma Comisión Legislativa, relativo a crear una Sala Especial del Tribunal de Arbitraje en la ciudad de Tijuana, para los juicios que se presenten en contra de las instituciones públicas que tienen jurisdicción en los municipios de Ensenada, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito.  Los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido Estatal de Baja California, presentaron ante el Pleno de la XX Legislatura una Iniciativa con el propósito de crear una Sala del citado Tribunal con sede en Tijuana, la cual deberá contar con un Presidente y un Secretario Auxiliar, y comenzará a funcionar en enero de 2013, para lo cual el Congreso local deberá destinar los recursos necesarios. 

En virtud de que este Decreto fue aprobado de nueva cuenta, se remitió para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Por otra parte, los congresistas aprobaron por unanimidad el dictamen 99 del mismo órgano técnico, por medio del cual se reformó el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, para quedar como sigue:  "Será considerado como falta grave, en caso de los Titulares de los Órganos de Control no den seguimiento hasta su total terminación y/o en su caso aplicar la sanción que corresponda, a las observaciones que sean turnadas por el Congreso del Estado con motivo de la fiscalización superior de las cuentas públicas". 

La intención legislativa es generar reformas en la citada Ley, a fin de establecer la obligatoriedad a los Órganos de Control de iniciar las acciones o procedimientos que ordene la ley, cuando las incidencias o irregularidades en las cuentas públicas, se encuentren debidamente documentadas. 

Tampoco se aprobó el dictamen 140 cuyo objetivo era adicionar el artículo 16 bis a la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, misma que fue presentada por la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, en representación de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Estatal de Baja California, con la pretensión de regular la venta de los bienes inmuebles propiedad de los Municipios, a través de licitaciones públicas, con el fin de transparentar los procesos de enajenación de los respectivos bienes.  Sin embargo, se determinó que con esta medida se vulneraba la autonomía reglamentaria de los municipios y, además, que tanto la enajenación de los bienes inmuebles del dominio privado del Municipio, así como la responsabilidad de los servidores públicos, ya se encuentran contempladas en otros cuerpos normativos, razón por la cual no fue aprobada y en ese sentido se aprobó por el Pleno. 

Finalmente se aprobó el dictamen 138, por medio del cual se negó la aprobación a una reforma al artículo 38 de la Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California, la cual fue presentada por el Diputado Gustavo Magallanes Cortez a nombre de la Fracción Parlamentaria del PAN, con la intención de que se ofrezca a los grupos vulnerables de manera gratuita o con el 50 por ciento de descuento de la tarifa original.