Rosarito Informa.-El milagro económico de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, coordinador de los diputados federales del PRI por Oaxaca, muestra su rostro de corrupción por delitos de peculado, abuso de autoridad, fraude, falsedad en declaraciones y hasta asociación delictuosa.
Apadrinado por sus correligionarios, los gobernadores José Murat Casab y Ulises Ruiz, en menos de dos sexenios Ramírez Puga pasó a formar parte de la élite de los nuevos ricos de la entidad. Su único mérito como legislador federal fue haber “confrontado”, en julio de 2004, a la maestra Elba Esther Gordillo Morales y solicitar que la expulsaran del PRI; luego, en junio de 2010, llamó “mafiosa” a Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, en plena sesión de la Comisión Permanente.
Documentos obtenidos por Proceso revelan que en 2008, cuando era coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, a Ramírez Puga se le autorizó un incremento presupuestal de 471%, aun cuando no presentó ninguna justificación ante el Congreso local.
Ese año, la asignación autorizada para el área que él coordinaba fue de 57 millones 303 mil 886 pesos. Con las ampliaciones, la suma se elevó a 327 millones 168 mil 461 pesos. Los contratos firmados con cuatro empresas, una de ellas el periódico de su familia, El Extra de Oaxaca, fueron por 58 millones 901 mil 129 pesos, lo que superó el presupuesto inicial autorizado para Comunicación Social.
Intoctur, S.A. de C.V., fue favorecida con 21 millones 720 mil 129 pesos; Mitroviq, con 18 millones 751 mil pesos; Rocke Sade, S.A. de C.V., con 10 millones 610 mil pesos, y Organización Periodística Extra de Oaxaca, S.A. de C.V., con 7 millones 820 mil pesos.
En tres de los casos, los contratos se realizaron fuera de norma y con una estructura similar; las facturas no especifican los servicios prestados; se detectó que los representantes legales de las compañías son allegados a Ramírez Puga, y los domicilios fiscales corresponden a casas particulares, algunas incluso en obra negra.
En todos ellos, los montos son superiores a los presupuestos asignados, por ejemplo, al del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (9 millones 310 mil 128 pesos), la Secretaría del Trabajo, el Instituto de Atención al Migrante Oaxaqueño y la Comisión Estatal del Deporte, cada una de las cuales apenas recibió ese año alrededor de 9 millones.
También contrastan notablemente con lo que recibió el Instituto Estatal de Protección Civil, que no llegó ni a los 2 millones de pesos, aun cuando le toca auxiliar a 450 familias de 12 localidades, en su mayoría indígenas, para la próxima temporada de huracanes.
La auditoría realizada en 2010 derivó en una denuncia penal contra los Raúl Castellanos Hernández, Soledad Rojas Walls y Efrén Rojas, voceros de Ulises Ruiz durante su gestión, por pagos a empresas del área de Comunicación Social por un monto de 161 millones de pesos que en realidad se canalizaron a la campaña del candidato priista Eviel Pérez Magaña, quien finalmente perdió.
Ahora comienzan a emerger otros casos de corrupción en la misma área, que también podrían derivar en una querella penal, esta vez contra Ramírez Puga. Además, los primeros resultados de una auditoría indican que las ampliaciones presupuestales solicitadas no se ajustaron a los procedimientos legales.
En un oficio (el UICEP/501372008), por ejemplo, expone: “Por medio del presente envío a usted solicitud de inversión presupuestal de recursos por un monto de 9 millones 468 mil 224 pesos afectando la partida 31601 impresos publicación y difusión oficiales, recursos necesarios para el pago de difusión de acciones del gobierno del estado en medios de comunicación locales durante el mes de febrero”.
El 23 de julio de 2008, Ramírez Puga hizo una segunda solicitud, esta vez por 10 millones 733 mil 333 pesos; el 12 de diciembre siguiente vino la tercera, por 15 millones 427 mil 541 pesos.
En los oficios UICEP/6022/2008 y UICEP/7188/2008, el entonces secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib –sobre quien pende una denuncia penal–, autorizó las ampliaciones presupuestales solicitadas por el concepto de “impresos, publicación y difusión oficiales”.
Empresas fantasma
La empresa Mitroviq se constituyó el 11 de febrero de 2008 y el 30 de abril de ese año obtuvo contratos por 18 millones 751 mil pesos. Su apoderado legal es Néstor Augusto Ramírez Soto, quien dio como domicilio fiscal avenida Ferrocarril 209, colonia 25 de Enero en esta capital. Sin embargo, en el inmueble sólo hay un consultorio dental y se rentan cuartos.
En el caso de Intoctur, S.A. de C.V., otra de las empresas beneficiadas, se constituyó el 4 de abril de 2008 y el 31 de julio siguiente recibió contratos por 21 millones 720 mil 129 pesos. Su apoderado legal, Luis Alberto Jiménez García, dio como domicilio fiscal avenida del Jardín 102, colonia Experimental en San Antonio de la Cal, donde sólo hay una construcción en obra negra.
En tanto que Rocke Sade, S.A. de C.V., se constituyó el 20 de agosto de 2008 y su fecha de contrato es el 29 de agosto de ese mismo año por un monto de 10 millones 610 mil pesos. Su representante legal es Brenda Brera Villamil y dio como domicilio fiscal avenida Independencia 318-D Santa Cruz Amilpas, donde se encuentra una accesoria.
Por lo que se refiere a Organización Periodística Extra de Oaxaca, S.A. de C.V., empresa de su familia cuyo representante legal era su hermano Gilberto Carlos Ramírez Puga Leyva, le asignó un contrato por “los servicios de difusión de acciones de gobierno por un periodo anual” de 7 millones 820 mil pesos. Este hecho contraviene la normatividad establecida para estos casos.
Antes de llegar a la coordinación de Comunicación Social en el gobierno de Ulises Ruiz, Ramírez Puga había ganado como diputado federal 2 millones de pesos, entre dietas y apoyos legislativos. Pero a partir de 2005 pasó a formar parte de los nuevos ricos de Oaxaca al adquirir un millonario terreno en la zona exclusiva de San Felipe del Agua, en la capital oaxaqueña.
Y aun cuando sus correligionarios se quejan del estancamiento económico en el país, cuando se refieren al exitoso director del periódico Extra de Oaxaca hablan incluso de un “milagro económico”.
En su edición del 28 de febrero de 2005, el Diario Oficial de la Federación informa que la dieta mensual de un diputado federal era de 69 mil 683 pesos; además, recibía 25 mil pesos en apoyos legislativos y 25 mil 160 pesos de pensión ciudadana, lo que sumaba 119 mil 843 pesos. Eso significa que Ramírez Puga ganó en promedio 2 millones de pesos en 18 meses mientras fue integrante de la LIX Legislatura federal.
Al dejar su curul para integrarse al gobierno de Ulises Ruiz como coordinador de Comunicación Social tenía un sueldo mensual de 80 mil pesos. Con esos emolumentos, en un año Ramírez Puga debió ganar 960 mil pesos, aunque el valor de su propiedad en San Felipe del Agua –el lugar preferido por los nuevos ricos– oscila entre 7 y 10 millones de pesos, lo que está muy por encima de sus posibilidades.
Zona residencial de abolengo, San Felipe está rodeado por colonias precarias, donde viven hacinadas innumerables familias nativas; primero fueron invadidas, luego la urbanización las desplazó a las lomas.
En junio de 2009, Nazario García Ramírez, presidente del frente ecologista Aguas de San Felipe, denunció que el cáncer de la corrupción invadió la agencia municipal de San Felipe del Agua, donde se asentó Ramírez Puga, quien en menos de un año levantó una millonaria residencia en el Barrio La Chigulera.
Vecinos de la localidad sostienen que el excoordinador de Comunicación Social compró dos extensiones de terreno a sus dueños para apropiarse de mil 500 metros cuadrados para construir su mansión que incluye una cancha de tenis con pasto sintético, una alberca con su palapa y con dos entradas con puertas de cedro y una cochera.
Hoy, este pueblo que antaño se caracterizaba por sus recursos naturales, ahora es el lugar donde viven a sus anchas los nuevos ricos de Oaxaca, entre ellos el exgobernador Ulises Ruiz, Bulmaro Rito Salinas, Jorge Franco Vargas, Diódoro Carrasco Altamirano, Aurora López Acevedo y Ramírez Puga.
Con la derrota del PRI, Ramírez Puga se convirtió en el defensor de los intereses de Ulises Ruiz y de sus incondicionales, y aprovecha cualquier oportunidad para deturpar a sus enemigos, como el gobernador Gabino Cué Monteagudo.
Ramírez Puga se lanzó también contra su correligionario Jorge Franco Vargas y lo acusó de traidor. Incluso pidió a la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que aporten material para demostrar la participación de Franco en los hechos violentos de 2006 contra ese gremio.
Fuente: Proceso
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