Por: Joel Ortega Juárez
No extraña, aunque debiera preocupar, el alto índice de desacuerdo (83 por ciento, según Reforma) con la resolución de la Suprema Corte de otorgarle amparo “liso y llano” a Florence Cassez, debido a que fue objeto de incumplimiento del debido proceso en su detención (un montaje) para inculparla por el delito de secuestro.
El desacuerdo obedece a que un porcentaje muy alto de los procesados y encarcelados en México ha sido vejado, detenido sin orden de aprehensión, secuestrado, torturado y por lo tanto injustamente preso. Sin embargo no se realiza una actuación de la Suprema Corte, ni de ningún juez para reparar la violación a los derechos humanos de decenas de miles que han padecido la arbitrariedad de policías, jueces y carceleros.
Por ello un gran porcentaje sospecha que la resolución de SCJN obedece a una “presión” de Peña Nieto para “arreglar” las tensiones con Francia y aparentar que su gobierno no tolerará “violaciones en el proceso” de nadie. Esa sospecha se incrementa cuando esta misma Corte había fallado en sentido diferente hace casi un año e, incluso, una de sus integrantes cambió su voto en el último minuto y otro, recién llegado, parecía estar leyendo un texto redactado por otra persona, donde apoyaba la decisión de amparar lisa y llanamente a la francesa Cassez.
El mismo día, en el IFE se eximía al PRI por el asunto de Monex, con una votación de 5 a 4, que definió nada más y nada menos que Sergio García Ramírez. Personaje de un turbio trayecto político, judicial y familiar que fue designado miembro del IFE con el acuerdo de todos los partidos, incluyendo al PRD tanto el de Los Chuchos, como los morenistas. Situación semejante ocurrió con la designación de Leonardo Valdés como presidente por propuesta del PRD.
Total en un mismo día, dos instituciones que debiesen ser imparciales mostraron su proclividad para acatar los intereses del presidente Enrique Peña Nieto. Es, por desgracia, un dato más que apunta las exitosas tendencias de restauración de las que algunos temíamos con el regreso del PRI a la Presidencia.
Resulta infamante que se libere a la Cassez por haber sido víctima de un montaje y no se proceda contra sus autores encabezados por Genaro García Luna, sin evadir la responsabilidad de su jefe Felipe Calderón. Curiosa reparación del daño a los derechos violentados.
Lo anterior contribuye al descrédito de las instituciones, cuya decadencia no desemboca en un proceso de reformas y solo favorece la impunidad.
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