viernes, 18 de julio de 2014

Expediente Político

Por.- Alfredo Calva

Hipocresía legislativa

El comportamiento de la mayoría de los integrantes de la XXI legislatura en nuestro estado, está plagado de fingimientos de ideas y sentimientos de aparente positivismo en favor de sus representados, sin embargo, la realidad indica que sus acciones demuestran que estos van en sentido contrario a lo manifestado, en otras palabras, es simple y llana hipocresía legislativa.


Casos para ejemplificar lo anterior sobran, pero como muestra de botón podemos utilizar la reacción de encono e irritabilidad que los parlamentarios han mostrado por el irregular procedimiento de adjudicación del contrato a la empresa Lazos Internacionales, a quien le encargo el ejecutivo estatal fabricar más de 80 mil juegos de placas vehiculares, por un monto de 16.5 millones de pesos.

O que decir de la logística de denostación y descredito emprendido por la diputada Rosalba López Regalado, en contra de la humanidad de Arnulfo León Lavenant, quien dirige, bien o mal, es otro asunto, la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California.

En ambos casos solo se trata de estrategias mediáticas que utilizan los parlamentarios para destacar su presencia y hacer notar a la población, sin lograrlo, que se encuentran sumidos en sus responsabilidades y tareas inherentes a su investidura, y por la que los ciudadanos les pagan exorbitantes emolumentos y prebendas.

Sin embargo, cuando la realidad se asoma en el seno de la legislatura, cuando se trata de ventilar y sacar avante temas que afectan a los ciudadanos y las arcas gubernamentales, y en verdad tienen que demostrar su responsabilidad y realizar correctamente su labor, terminan mostrando y demostrando lo que en verdad son, una caterva, con sus raras excepciones, de mediocres remedos parlamentarios,

Prueba de lo anterior, es la aprobación que llevaron a efecto de forma indebida e inmoral, de cuando menos 42 millones de pesos anuales durante un periodo de diez años, para el antojo y capricho caro de la esposa del gobernador, Brenda Ruacho, denominado Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).

Ninguno de ellos, salvo los tricolores en voz de su coordinador René Mendivil, han señalado que desconocían de los términos del contrato que, también de forma irregular, el gobernador Francisco Vega, signo con la fundación teletón, por lo que se abstuvieron de votar en la sesión de referencia a favor de la inspiración de la primera dama del estado.

Y como ese, hay muchos más.

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