Rosarito Informa.-El Diputado Gustavo Sánchez Vásquez puso a consideración del Pleno una Iniciativa de Reforma a los artículos 7, 8 y 105 de la Constitución local, con el objeto de actualizar la Carta Magna del Estado, para adaptarla a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
La propuesta fue presentada en el marco de la sesión ordinaria de la Vigésima Primera Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), donde el Diputado Sánchez Vázquez, coordinador de la fracción, presentó en tribuna su Iniciativa.
“En suma, los Diputados del Partido Acción Nacional asumimos la encomienda de promover, respetar, proteger y tutelar los derechos humanos de los Bajacalifornianos, proponiendo una armonización legislativa congruente, moderna y garantista, acorde a los estándares internacionales y sensible a las necesidades de la población para inhibir el abuso del poder público y ampliar las libertades de las personas”, señaló el Congresista.
El inicialista recordó que el 10 de junio del 2011 se publicó “una de las reformas a la Constitucional Federal, que sin lugar a dudas, ha sido la incorporación más importante al sistema jurídico mexicano, puesto que a partir de dicha reforma se expanden los derechos de las personas conocidos tradicionalmente como garantías individuales para pasar a un nuevo escenario jurídico, donde se reconocen con la denominación de derechos humanos”.
Gustavo Sánchez consideró que esta reforma federal modificó de manera profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar los ordenamientos jurídicos en materia de derechos humanos, pues se parte de una premisa fundamental, donde nada puede estar por encima de la protección de estas garantías.
Entre los aspectos que contempla la reforma propuesta destaca el cambio de denominación de “Garantías Individuales” por “Derechos Humanos”.
También se señala la obligación del Estado mexicano, y de todas sus autoridades en cualquier nivel de gobierno, para promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos.
Además, se introduce como obligación de las autoridades mexicanas en esta materia, cumplir sus funciones a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos.
Entre otros puntos, se propone transferir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la facultad de investigación por violaciones graves, atribución que originariamente correspondía a la SCJN.
Asimismo, a los servidores públicos que no acepten recomendaciones de los organismos protectores de los derechos humanos de las entidades federativas, se les obliga a fundar y motivar su negativa, así como a hacerla pública.
Se transfiere a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la facultad de investigación por violaciones graves a los derechos humanos, atribución que originariamente correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De igual forma se busca transparentar el método de designación del Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, para que se sujete a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la Ley en la materia, lo anterior entre otras adecuaciones.
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