Rosarito Informa.-“Aun en pleno siglo XXI, no hemos sido capaces de establecer una relación directa y permanente con las comunidades indígenas de nuestro Estado, puesto que aún permanecen aisladas por el resto de la sociedad y gobierno, de la vida política, económica y social”, indicó el Diputado David Ruvalcaba Flores.
En consecuencia, dichas comunidades se ven afectadas con graves padecimientos de pobreza, marginación y falta de servicios públicos, como son luz, agua y alcantarillado; instancias de salud; empleo: educación básica y una constante violación a sus derechos humanos.
Así lo señaló el legislador del Partido Revolucionario Institucional, al presentar ante el Pleno, una Iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado, a fin de homologar la conceptualización de los derechos humanos, en las disposiciones jurídicas contenidas en este ordenamiento, en el cual aun erróneamente se aluden a las garantías individuales.
En virtud de que esta ley tiene por objeto la protección de los derechos de los pueblos indígenas que son testimonio viviente de los orígenes de nuestro Estado, deviene necesario enfatizar la inclusión del principio pro persona, que implica proteger a las personas con la protección más amplia, a través de la nueva conceptualización de los derechos humanos, consagrados en la Constitución Federal.
Por otra parte, y con el espíritu de respetar, fomentar y conservar la cultura de Baja California, el legislador considera conveniente contemplar dentro del objeto de esta Ley, la promoción cultural de los pueblos indígenas de Baja California, los cuales forman parte fundamental de la historia del país.
Señaló que de acuerdo al Catálogo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Censo de Población y Vivienda 2010, en Baja California existe una población indígena que sobrepasa los 89 mil habitantes, entre ellos considerando a los 5 grupos indígenas nativos que son los Cochimi, Kiliwa, Cucapah, Pai pai y Kumiai, así como a las etnias migrantes de otras entidades federativas tales como mixtecos, zapotecos y triquis.
Resulta pues inadmisible que la cultura y tradiciones de estas colectividades indígenas permanezcan olvidadas e ignoradas, por lo que se obliga tanto al Estado como a los municipios, como entes responsables de garantizar el cumplimiento y acatamiento de esta Ley, a promover la cultura de los grupos indígenas nativos de esta entidad, así como para mejorar sus condiciones socioeconómicas, enfatizó.
Se propone de igual forma en esta iniciativa, que el Poder Ejecutivo en conjunto con las diferentes instituciones indigenistas, participe a través de la implementación de programas para fomentar que las niñas y niños culminen su educación básica, así como mejorar el nivel educativo que se imparte en las comunidades indígenas.
También la colaboración institucional de los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal para que coadyuven en la vigilancia del respeto a los derechos laborales en especial el servicio de seguridad social para los trabajadores de las comunidades indígenas.
Cabe mencionar que la Iniciativa propuesta por el legislador, busca reformar los artículos 2, 4, 5, 9, 12, 13 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja California. Contempla una errata consistente en la corrección al orden establecido de los títulos tercero y cuarto de las misma, los cuales se encuentra actualmente invertidos, dejando sin modificación alguna el contenido de los capítulos y artículos que los conforman.
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