INFORME MUDO
Por: Francisco Castro Trenti
Comentaba en mi artículo anterior que Baja California padece
una grave crisis de inseguridad que se ha recrudecido en los últimos dos años,
abundando en que las policías preventivas tanto municipal como estatal no
previenen la incidencia y que, por el contrario, esta aumenta de forma
dramática por más que pretendan dibujar otro esquema y maquillar las cifras.
Este análisis no es producto de la ocurrencia sino de un
minucioso estudio de las estadísticas que manejan tanto la PGJE como la SSPE, y
el propio Poder Judicial; en lo particular, es un seguimiento que he venido
haciendo desde hace varios lustros porque permite observar tanto el crecimiento
y desplazamiento delincuencial –entre otros aspectos- como la eficiencia de la
autoridad que tiene el deber de combatirla en dos aristas principales: la
prevención del delito y la persecución de los delincuentes.
Si el análisis se realiza desde el servicio público,
conlleva vigilar el correcto desempeño de los actores involucrados en estos
procesos (prevención – persecución) para establecer, reafirmar y/o corregir,
lineamientos de acción y reglas específicas de operación; por otro lado, si se
efectúa desde el ejercicio libre profesional, permite analizar las políticas
públicas previamente trazadas a partir de la evaluación de intenciones,
acciones y resultados, lo que se traducirá tanto en la medición de la
eficiencia y la eficacia de los involucrados como en el logro de las metas que
se persiguen.
En otras palabras, permitirá observar el éxito o fracaso de
la autoridad en la política trazada para combatir la delincuencia y proponerle,
en su caso, acciones y medidas para la rectificación del rumbo.
Es así de donde se desprende que Baja California padece de
una grave crisis de inseguridad, y de un desempeño más que mediocre tanto de la
PGJE como de la SSPE.
Comenzaremos a ver las cifras, precisando que la fuente es
la propia secretaría estatal en su portal de internet.
En 2013 se cometieron en todo el estado 104 mil 029 delitos,
y en 2014 107 mil 284, lo que significa un aumento del 3.3 por ciento. En 2015
-hasta el mes de agosto- se han cometido 69 mil 614, por lo que de continuar la
tendencia, el año estaría cerrando con cuando menos 109 mil 393 delitos
cometidos, lo que significaría un incremento del 5.2 por ciento en comparación
con 2013 y resultaría, preocupantemente, la cifra más elevada desde 2011.
Se podrá decir que es normal que de un año a otro aumente la
incidencia delictiva –lo que no lo es- pero bajo ninguna circunstancia debe
medirse este ingrediente sin considerar el rubro de la efectividad, que se
traduce en la cantidad de delitos esclarecidos donde hay responsables
identificados y sometidos a la acción de la justicia sea con orden de
aprehensión, bajo fianza o en prisión, lo que debe hacerse con mucho
detenimiento porque es aquí donde la autoridad comienza a realizar un manejo
conveniente de cifras al mezclar el año que va corriendo con “años anteriores”,
para elevar los números y presentar falsos resultados a partir de los abultados
indebidamente.
Así entonces, ¿cuántos de los 107 mil 285 delitos cometidos
en 2014 fueron esclarecidos y llegaron ante la justicia? Para saberlo hay que
consultar la estadística del Poder Judicial del Estado –porque ni la PGJE ni la
SSPE lo informan-, la cual indica que en ese año se iniciaron únicamente 12 mil
989 procesos. Así, una simple operación aritmética indica que quedaron “bajo
investigación” ´-o en reserva, o como se le quiera poner- 94 mil 295 o sea, el
88 por ciento del total.
Ese es el tamaño de la impunidad en Baja California sin
considerar lo referente a la “cifra negra de delitos”, que es la que resulta de
los delitos cometidos y no denunciados, básicamente porque el ciudadano
agraviado considera una pérdida de tiempo el hacerlo al intuir de antemano que
la autoridad no habrá de esclarecer el hecho.
Es preciso mencionar que la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2015, realizada por
el INEGI y publicada el 30 de septiembre de este año, precisa que en Baja
California en el año 2014 se denunció sólo el 15.1 por ciento de los delitos
cometidos; entonces, si los 107 mil 285 delitos denunciados ese año equivalen
al 15 por ciento del total, significa que en términos reales –delitos
denunciados más cifra negra- se cometieron en el estado 715 mil 233 delitos.
Conste, y reitero: es el resultado de la ENVIPE realizada por el INEGI recientemente
publicada)
El resultado, más que dramático, es caótico. Pero
continuaremos -por lo pronto- con las cifras tangibles y no con las de
percepción.
Ante tan elevado nivel de impunidad que rebasa el 88 por
ciento en relación con los delitos cometidos, y recientemente presentado el
segundo informe de gobierno de Kiko Vega, consulté el capítulo relativo a
“Seguridad Integral y Estado de Derecho”, y en las 59 páginas que le
redactaron, no existe una sola referencia a tan importantes datos: no dice a sus
gobernados cuántos delitos se cometieron, cuántos se esclarecieron, cuántos
presuntos responsables de lesionar a los ciudadanos enfrentan procesos ante la
justicia, cuántos procesos han sido exitosos, en fin, no dice nada sustancioso
que permita conocer el rumbo de la seguridad y justicia en el estado.
El informe de gobierno es mudo al respecto. Y lo es porque
no hay nada positivo que informar. Hacer un recuento de acciones de gobierno en
cuanto a equipamiento, remodelaciones, capacitaciones de personal, etcétera, es
la paja que llena blancos porque los resultados en seguridad y justicia se
miden de manera muy sencilla: delitos cometidos contra asuntos consignados, y
en este espacio habremos de ver, uno a uno, los que más agravian a la sociedad,
incluyendo la valoración que se desprende del nuevo sistema de justicia penal
(NSJP).
Pero el informe no sólo es mudo, sino mocho: el período que
comprende es de octubre de 2014 a agosto de 2015, omitiéndose el mes de
septiembre; seguramente fue así para que los resultados no fueran peores.
Continuará.
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